Falta una política de Estado transversal en materia ambiental
Juan Humberto Urquiza García/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los últimos meses los ciudadanos hemos presenciado un fuerte debate por los recortes presupuestales en distintas áreas gubernamentales, que han sido justificados con distintos argumentos, en algunos casos aceptables y en muchos otros no. Estas medidas alcanzaron a las dependencias gubernamentales encargadas de instrumentar las políticas de cuidado y protección de la naturaleza de nuestro país como la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, instituciones que han trabajado durante décadas en el cuidado y conservación de la naturaleza; estos recortes se sumaron a las medidas regresivas que en los últimos años distintos gobiernos han implementado. Sin embargo, la regresividad en las políticas ambientales, como se verá a continuación, es un problema histórico.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, en distintos diarios de circulación nacional se podían leer las críticas de los ciudadanos al gobierno federal por su falta de atención y acción para frenar la desforestación que experimentaba nuestro territorio. Los cuestionamientos advertían las repercusiones que la pérdida de cubierta forestal tenía para la salud pública, el clima, la hidrología, el desarrollo agrícola e industrial de nuestro país. La presión ejercida desde distintas tribunas logró que el gobierno de Porfirio Díaz incluyera, en la Ley de enajenación y ocupación de terrenos baldíos de 1894, el reglamento para la explotación de los bosques y terrenos baldíos nacionales y permisos de caza y pesca. Ésta fue la primera normatividad nacional que tuvo como objetivo la conservación de los recursos naturales de nuestro país.