Lentitud, opacidad y pocos resultados: reclamos clave de padres de Ayotzinapa al gobierno de AMLO
A 10 meses de gobierno de López Obrador, padres de normalistas critican lentitud y falta de resultados en investigaciones del caso Ayotzinapa.
Manu Ureste/ Animal Político
A 10 meses de que arrancó el nuevo gobierno, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa criticaron que aún no hay avances en las investigaciones que esclarezcan qué sucedió con los estudiantes que fueron víctima de desaparición forzada en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Así lo expusieron este miércoles 11 de septiembre en una conferencia de prensa tras un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en la que si bien reconocieron una buena disposición del nuevo gobierno y de la Comisión para llegar al fondo del caso, también criticaron la “lentitud” y la “falta de compromiso” con la que diversas instituciones del estado están “obstaculizando” las investigaciones.
En concreto, explicó Vidulfo Rosales en entrevista con Animal Político, los padres de los jóvenes centraron sus reclamos al presidente en tres puntos.
La lentitud de la nueva Fiscalía
El primero fue la falta de compromiso de la nueva Fiscalía General de la República (FGR), a la cual criticaron por la lentitud con la que nombró al fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, quien llegó al cargo apenas el pasado 26 de junio, seis meses después de que en enero se creara la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
“Ese nombramiento tan tardío ha retrasado todas las investigaciones”, subrayó Rosales.
Además, otra crítica fue que la nueva Fiscalía de Alejandro Gertz no corrigió las deficiencias en investigaciones pasadas del caso que hizo la anterior Procuraduría General de la República en el gobierno de Peña Nieto, lo cual está permitiendo la liberación de personas detenidas como el Gil, presunto líder del grupo delictivo Guerreros Unidos que fue puesto en libertad el pasado 3 de septiembre por irregularidades y violaciones graves a derechos humanos cometidas por la entonces Procuraduría.