Damnificados: múltiples anomalías en la reconstrucción
Redacción/La Jornada
solapara las empresas encargadas de rehabilitar, reconstruir o edificar las viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Su protección
les ha permitido que no acudan a las mesas técnicas para dar a conocer a los afectados los avances reales de las obras, llevar a cabo una revisión técnica de los trabajos realizados y hasta secuestrar
planos, lo que retrasa los proyectos.
La entrega de un mayor monto de recursos respecto de las obras concluidas además pone en riesgo su conclusión, que se realice con materiales de baja calidad y no se cumpla con la norma, exponiendo a las familias de los 42 predios involucrados.
En conferencia de prensa, Francia Gutiérrez, Roberto Vivanco e Israel Ballesteros exigieron al comisionado que deje de proteger a las empresas y las obligue a acudir a las mesas de trabajo para explicar las inconsistencias e incumplimientos detectados.
“No sólo está en juego la seguridad de cientos de familias, sino recursos públicos –625 millones 226 mil 423 pesos–, porque el señor no tiene capacidad de gestión para convocar a las constructoras y evaluar el trabajo que realizan”, argumentaron.