Gobierno mexicano deberá pagar 1.5 millones de dólares a familia de tres jóvenes desaparecidos por el Ejército
Animal Político
Publicado 18 enero, 2019
Redacción/Animal Político
La desaparición de tres jóvenes es uno de los casos por los que el Estado Mexicano fue llevado a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2016, y finalmente hallado “responsable” de los hechos.
Foto: commons.wikimedia.org/Miguel Sierra
El 29 de diciembre de 2009, alrededor de las 21:00 horas, los primos José Ángel y Nitza Paola, ambos de 31 años de edad, platicaban dentro de la camioneta de Nitza, estacionada fuera de la casa familiar, cuando al menos dos vehículos se estacionaron junto a ellos, de los que descendió una decena de militares apuntando con sus armas largas.
José Ángel bajó voluntariamente del vehículo, para permitir que los militares lo revisaran, pero Nitza Paola, que perdió la movilidad de las extremidades inferiores a causa de un infarto cerebral, no pudo bajar de la camioneta inmediatamente después de que los militares lo ordenaron.
Por ello, tal como señala el testimonio de sus familiares, Nitza Paola fue prendida del cabello por un soldado y arrojada fuera de la camioneta, y después otro militar derribó a José Ángel con un golpe de culata en la cara, al intentar defenderla.
Luego, ambos jóvenes fueron puestos a bordo de los vehículos en los que se transportaba el grupo de militares, y partieron con ellos, no sin antes robar el auto estéreo de la camioneta en la que platicaban los detenidos.
Una hora después, militares arribaron a la cercana vivienda de Rocío Irene, de 18 años, sobrina de José Ángel y Nitza Paola.
Después de invadir la vivienda y destrozar los muebles, el grupo de militares encerró en un baño a los dos hermanos de Rocío, de 13 y 11 años, y a su hija, de dos años,y a la joven le ordenaron ponerse calzado, porque se la llevarían con ellos.
Cuando la mamá de Rocío exigió que le explicaran el motivo de la detención, un militar le ordenó que se callara.
Los niños y la mamá de Rocío recuerdan un hecho: que las personas que invadieron su vivienda no sólo portaban uniformes militares, sino que todas sus armas contaban con números de identificación estampados en la culata.
Para tranquilizar a sus hermanitos y a su hija, Rocío aceptó irse con los militares sin oponer resistencia, les dijo “que no se preocuparan, que todo va a estar bien, que enseguida volvería”, según el testimonio de la mamá de Rocío.
Desde entonces han pasado nueve años, y de José Ángel, Nitza Paola y su sobrina Rocío, todos de la familia Alvarado, habitantes del Ejido Benito Juárez, Buenaventura, Chihuahua, no se ha vuelto a saber nada.
Desde entonces se les considera víctimas de desaparición forzada.
