A cuatro años del asesinato de Moisés Sánchez, el nuevo gobierno federal y estatal de Veracruz deben atender la impunidad en el caso
Cencos
Publicado 5 enero, 2019
Redacción/Artículo 19
Foto tomada de articulo19.org
Ciudad de México, 2 de enero de 2019.- A cuatro años de la desaparición y posterior asesinato del periodista y activista Moisés Sánchez Cerezo cuando fue sustraído de su domicilio en el municipio de Medellín, Veracruz, su caso continúa en impunidad.
La investigación ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra periodistas (FEADLE) se mantiene sin avances sustanciales, prácticamente igual que hace un año. Lamentablemente, las omisiones que desde los primeros días hubo por parte de las autoridades locales y federales, hasta la fecha, tienen como consecuencia la pérdida de indicios que condujeran a la verdad de lo sucedido y también determinar la autoría mediata o intelectual en los hechos. Muestra de ello, el ex alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, continúa prófugo y ninguna autoridad ha mostrado voluntad en cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.
Durante estos cuatro años, la familia de Moisés ha luchado contra un sistema de procuración de justicia inoperante e indolente. En este lapso han sido otorgados amparos a favor de probables responsables de los hechos, debido al actuar deficiente de la Fiscalía de Veracruz. Por su parte la FEADLE se negó a atraer la investigación de Moisés Sánchez, hasta que fue obligada mediante un amparo otorgado por un tribunal federal, promovido por ARTICLE 19 en representación de la familia del periodista.
Asimismo, la Comisión Especial de Atención y Protección a Periodistas del estado de Veracruz (CEAPP) también ha sido sumamente negligente en su labor de brindar protección a las víctimas indirectas.
Lo anterior ha constituido una larga serie de omisiones e irregularidades por autoridades locales y federales que 4 años después sigue teniendo como consecuencia la falta de justicia y verdad para las víctimas. Esto se traduce en la existencia de una responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos.
