Opinión: La Suprema Corte frente a la militarización
Sin Embargo
Publicado 12 noviembre, 2018
Redacción / SinEmbargo
Foto: Juan Carlos Cruz/Proceso
El próximo lunes comenzará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Se trata de resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el partido Movimiento Ciudadano contra un ordenamiento que institucionaliza, a pesar de lo establecido en los artículos 21 y 129 de la Constitución, la militarización de la seguridad pública, por más que se le trate de disfrazar con otro nombre.
El proyecto que discutirá la Corte la próxima semana, elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, lamentablemente mantiene el sentido de la malhadada ley, a pesar de eliminar por completo siete de sus 34 artículos y de declarar la invalidez de varias porciones normativas. Si bien el proyecto reprueba los aspectos más aberrantes de la ley, sobre todo aquellos que establecen un marco de discrecionalidad para la actuación de las fuerzas armadas, finalmente se pronuncia a favor de la constitucionalidad del concepto de seguridad interior como una vertiente de la seguridad nacional, aunque, de acuerdo con lo planteado en el problemario presentado, la diferencia con la seguridad pública se establece como una cuestión de grado que resulta difícil de dirimir con claridad.
La validez que Pardo le concede al concepto de seguridad interior abre la puerta para que la militarización de la vida cotidiana del país, que ya es hoy una realidad en muchas regiones del país, se perpetúe y para que en el futuro se emita nueva legislación con esa base, con lo que los requisitos establecidos en el artículo 29 constitucional, referidos a la suspensión de garantías en caso de grave perturbación de la paz, seguirían siendo un mero adorno, como lo han sido desde que Felipe Calderón ordenó el despliegue de las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado en su fallida cruzada contra el narcotráfico, sostenida por Peña Nieto con los fatídicos resultados que están a la vista.
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