A casi tres años de ataque militar en Ostula, la justicia no llega
Proceso
Publicado 30 mayo, 2018
Por Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi dos meses de que se cumplan tres años del ataque militar a la comunidad de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila Michoacán, Emilia García Carmona, madre del menor Edilberto Reyes, muerto por una bala que le atravesó la cabeza, el 19 de julio de 2015, aún no encuentra consuelo.
Ella y su esposo Miguel, así como familiares de algunos de los diez comuneros que resultaron lesionados por los disparos castrenses, continúan en su lucha por justicia, por lo que este martes acudieron a las oficinas de la Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Llorosa, Emilia reconoce que al acercarse la fecha en que se cumplirá otro año más de la muerte de Edilberto, quien era el menor de sus hijos, el sufrimiento familiar se agrava, porque a la impunidad en la que se encuentra el caso, se suma el olvido de las autoridades para cubrir la reparación del daño por la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la muerte del menor, como la dependencia lo reconoció al aceptar la recomendación 65/2016.
Edilberto, que en 2015 tenía 12 años, murió en el contexto de las protestas de habitantes de Santa María Ostula por la detención de quien entonces era comandante de la Policía Comunitaria, Cemeí Verdía Zepeda.
Verdía Zepeda fue recientemente destituido de su cargo como comandante de la Policía Comunitaria de Ostula, luego de que se postulara como candidato a diputado local por el PAN, para el distrito 21 con sede en Coalcoman.
Militares pertenecientes a los batallones de infantería 30, 65 y 82, así como miembros de la Secretaría de Marina y policías del estado de Michoacán, participaron en la detención el mismo 19 de julio, y su paso fue obstaculizado por comunitarios. Fue entonces cuando al menos 17 soldados dispararon contra la población, siendo Edilberto la única víctima mortal. (Proceso 2021)
“Ya viene su novenario, y nosotros en la comunidad tenemos nuestras costumbres, que pueden ser bonitas, pero para mí es una fecha muy triste. ¿Qué necesidad teníamos de andarnos endrogando para hacer el novenario de mi hijo? Lo que pasó nos perjudica a todos, a mis hijos, pero nos damos valor para salir adelante; yo sé que no lo tenemos, hay que luchar por él”, dice Emilia, entrevistada en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh).
Ampelio Alejo, padre de Delfino Antonio Alejo, joven que tiene una bala alojada en la ingle, teme que los tiempos electorales sean usados como pretexto para seguir posponiendo el cumplimiento de la recomendación y la continuación de las investigaciones.
“Nos pusieron plazo de dos años, para que se cumpliera la recomendación, vienen las campañas electorales y nos van a decir que no se puede por las campañas, y así se la van a llevar; lo que queremos es que se nos indemnice, que se castigue a los culpables, que nos den una disculpa pública y que no se vuelvan a repetir los hechos, sobre todo porque todo el tiempo hemos estado al acecho de la Marina”, apunta Ampelio.
