Movimiento de Desaparecidos alerta a la CoIDH sobre el “uso político” que gobierno mexicano da a ley en la materia
Por Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México alertó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el “uso político” que el Estado mexicano ha dado a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En un amicus curie que envió a la CoIDH, el Movimiento detalló que entre las condiciones con las que se aprobó dicha legislación se cuenta “el impulso de las familias y no el resultado de la voluntad política o debida diligencia del Estado”.
El pasado 13 de mayo, el Movimiento -integrado por 55 colectivos de familiares de desaparecidos, 35 organizaciones civiles de 18 entidades federativas y tres países de Centroamérica- remitió a la CoIDH un amicus curie en el contexto del litigio que se sigue contra México en el tribunal regional por la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel, los tres de apellido Alvarado, ocurrida en diciembre de 2009 por elementos del Ejército Mexicano.
Los integrantes de la familia Alvarado fueron detenidos por elementos del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Y, pese a que persisten elementos de la autoría castrense en el caso y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que se confirmó la participación militar, ante la CoIDH el Estado mexicano ha negado su responsabilidad.