Mecanismo contra la Tortura pide a gobiernos de Querétaro y Jalisco combatir autogobierno y violencia en penales

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) encontró diversas irregularidades en centros de detención en los estados de Querétaro y Jalisco.

Por tal motivo, convocó a los gobiernos de dichas entidades y a las correspondientes fiscalías generales, a valorar las medidas para prevenir actos de autoridad que vulneren la integridad de las personas privadas de la libertad, así como dignificar el trato y las condiciones en los lugares de detención e internamiento en esas entidades.

Con el objeto de mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, en especial de grupos vulnerables, el MNPT les solicitó designar a personal con capacidad de decisión suficiente para vigilar que se protejan derechos humanos como lo son trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de la salud e integridad personal.

Así quedó consignado en los Informes de Supervisión 1/2018 y 4/2018 que el MNPT dirigió a Francisco Domínguez Servién y Aristóteles Sandoval, gobernadores de Querétaro y Jalisco, respectivamente, y a los fiscales Alejandro Echeverría Cornejo y Raúl Sánchez Jiménez, sobre lugares de privación de libertad, tras las correspondientes visitas realizadas en junio y noviembre de 2017, por el Mecanismo a diversos lugares de detención en que se examinaron el ingreso y permanencia de las personas privadas de la libertad, así como el trato y condiciones de detención.

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En las entrevistas anónimas aplicadas a personas privadas de la libertad se conocieron situaciones de maltrato que reciben por personal de seguridad, falta de estancia digna, higiénica, con ventilación, iluminación natural y artificial, agua para el aseo personal, sanitarios adecuados y planchas para dormir, así como carencia de alimentación adecuada y suficiente.

Se observó que personas privadas de la libertad ejercen funciones exclusivas de la autoridad, gozan de privilegios y cobran cuotas a los demás internos para acceder a algunos servicios, lo que fomenta el autogobierno, provoca situaciones de violencia y favorece el tráfico de sustancias prohibidas.

Además, se detectó sobrepoblación, hacinamiento; así como falta de lugares de detención, aseguramiento e internamiento para la población femenil, lo que coloca a las mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad; falta de áreas adecuadas para establecer comunicación privada y libre entre detenidos y defensores, lo que viola diversas disposiciones nacionales e internacionales en la materia.

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