Hinojosa Cantú, empresario de la Casa Blanca de EPN, recibe recursos a través de La Estafa Maestra
Por Redacción/Animal Político
Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública con el gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014.
Innovación Integrada S. A. de C. V., propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, fue una de las compañías subcontratadas por la Universidad Politécnica de Chiapas para prestar servicios a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016.
Esta forma de contratación es parte del esquema de desvío de recursos públicos documentado en la investigación La Estafa Maestra, en la que dependencias del gobierno federal contratan a universidades para hacer supuestos servicios y éstas a su vez subcontratan a empresas ilegales.
Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública del gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014.
Pese a los señalamientos y críticas por un presunto conflicto de interés entre Hinojosa y el mandatario, la empresa Innovación Integrada recibió casi 10 millones de pesos entre 2015 y 2017 a través de cuatro contratos por adjudicación directa —es decir, no fue elegida en un concurso público en el que haya resultado como mejor opción— del ISSSTE, Sedatu y Exportadora de Sal S. A. de C. V., empresa dependiente de la Secretaría de Economía.
Estafa Maestra
La triangulación de recursos fue el esquema que se aplicó entre la Sedatu y la empresa de Hinojosa.
La Sedatu contrató a la Universidad Politécnica de Chiapas para realizar una aplicación móvil que diera “una solución tecnológica basada en web, que asistiera en la automatización de los procesos de consulta dentro del Sistema Nacional de Inclusión Sedatu”, según documentó la Auditoría Superior de la Federación(ASF) en la auditoría 195-DS realizada a la institución como parte del informe de Cuenta Pública 2016.
La Universidad a su vez subcontrató a la empresa Innovación Integrada para realizar el trabajo a través de un contrado por 5 millones 568 mil pesos provenientes de la Sedatu.
La contratación fue por asignación directa apelando a la excepción prevista en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones que permite contratar sin hacer licitaciones cuando solo existe en el mercado un proveedor capaz de dar el servicio; que el servicio sea con fines militares o atiendan casos de fuerza mayor como un desastre natural, entre otros.