Por Marcela Méndez (@marcela_mdz)
Son jóvenes.
Tienen 16, 21, 30 años.
Se llaman Héctor, José, Ulises; y desde hace años sus familias no conocen su paradero.
Los tres están desaparecidos desde 2013, cuando un grupo de policías de Veracruz los detuvieron –en momentos diferentes– únicamente por considerar que tenían una “actitud sospechosa”, sin presentarlos ante un juez o agencia del Ministerio Público.
Foto: plumaslibres.com.mx
Era la administración de Javier Duarte, y en Veracruz el terror se había institucionalizado: la policía estatal –a través de dos grupos: Fuerza de Reacción y Fuerza Especial– operó para detener y desaparecer a por lo menos 15 jóvenes –hombres y mujeres–, ente los que se cuentan Héctor, José y Ulises.
Los mismos que tenían que protegerlos fueron los que los detuvieron un día, entre abril y octubre de ese año, en alguna carretera o avenida del estado.
La semana pasada se completó la detención de 19 personas –policías, exmilitares y exmandos de la Secretaría de Seguridad– por su presunta implicación en estas desapariciones forzadas. Están en el penal Pacho Viejo, una localidad en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
Este miércoles 13 de febrero las 19 personas fueron vinculadas a proceso.
Arturo Ángel, reportero de Animal Político, ha seguido y reportado el caso, y ha comenzado a publicar las historias de cómo, en dónde y bajo qué argumentos los jóvenes fueron detenidos. Ha narrado los primeros seis casos, desde la detención hasta que fueron llevados a una academia de policía fuera de Xalapa, en donde se perdió su rastro.
En el diario La Jornada, Eirinet Gómez publica datos aún –si todavía se puede– más espeluznantes. Por ejemplo, que según la audiencia de vinculación los presuntos culpables no solo detuvieron y desaparecieron a los jóvenes, también solían contactar a sus esposas para abusar sexualmente de ellas.
Es, porque no hay otra forma de decirlo o de concebirlo, una historia de terror. Que pasó –y que se sigue desarrollando– en nuestro país, frente a nuestras narices, y en manos de agentes públicos. Que destapa la responsabilidad de las autoridades, esa que han venido negando desde hace años. Que nos muestra las heridas más profundas del México en el que vivimos, en el que con frecuencia las autoridades no sólo no cumplen con su labor, sino que vulneran nuestros derechos más fundamentales, incluyendo nuestro derecho a vivir.
En los juzgados de Pacho Viejo, familias de personas desaparecidas siguen gritando su dolor, porque todavía no encuentran a quienes buscan y exigen saber dónde están sus hijos.
Que haya elementos detenidos, una investigación en curso, es un primer paso para dar justicia y certeza a decenas de personas.
Pero Veracruz sigue siendo una herida abierta. Y como esa hay muchas en México.
Hay más de 33 mil personas desaparecidas. Más de 33 mil familias buscando.
Este texto fue publicado originalmente en The Mexican Times
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