Difamación, antimemes y los delitos contra la libertad de expresión que siguen vigentes en México
Animal Político
Publicado 23 enero, 2018
Por Redacción/Animal Político
Especialistas y organizaciones han recomendado a México derogar este tipo de delitos, que tienen como centro inhibir la libertad de expresión.
El pasado 11 de enero, Leonardo García Vázquez, quien denunció ante los medios de comunicación que su casa en Hidalgo fue mal construida y que existía un presunto conflicto de interés entre la constructora y un funcionario público del estado, fue detenido. La empresa SYLMA lo acusó de difamación, por lo que podría pasar en prisión de 3 meses a 2 años, o pagar una multa de hasta 150 días de salario mínimo. En otros diez estados, también se castiga con cárcel este delito.
En Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Yucatán se persigue penalmente el delito de difamación, con penas de entre tres días a cinco años de prisión, y con multas de entre cinco a quinientos días de salario mínimo por cometer difamación o calumnia, ambos considerados “delitos contra el honor”.
En el caso del delito de calumnia, definido como la imputación falsa a otro de un hecho que la Ley tipifique como delito, éste se castiga penalmente en Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Zacatecas, Colima, Michoacán, Campeche y Yucatán, y las penas van de los tres meses a los seis años de prisión, y de tres hasta mil días de salario mínimo como multa.
“Muchas veces son delitos con penas menores, pero el simple hecho de que haya una amenaza de ser privado de la libertad por ejercer tu derecho, genera lo que se llama el efecto inhibitorio, entonces la mera existencia de estos delitos, puede generar un efecto de amedrentamiento para no hablar de ciertos temas, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos o de empresas privadas con mucho poder, como en este caso”, señaló Leopoldo Maldonado, integrante de la organización Artículo 19.
Maldonado explicó que, desde hace diez años, organismos que se encargan de la supervisión de tratados internacionales y de la tutela de derechos humanos, expertos independientes y relatores de la libertad de expresión han recomendado al Estado mexicano derogar este tipo de delitos, que tienen como centro inhibir mediante la criminalización de la libertad de expresión.
Aunque en los diez años que han transcurrido desde que comenzaron a recomendar al Estado mexicano derogar estos delitos se redujo el número de códigos penales que lo contemplan de 33 (32 estatales y el Código Penal Federal) a 12, Maldonado explicó que, al mismo tiempo, hay “una reconfiguración de estos delitos por otros que se mantienen vigentes en la mayoría de los estados”: ultrajes, halconeo y el castigo a la modificación de fotografías e información (antimemes).
