ONG y activistas piden al Frente Ciudadano rechazar la Ley de Seguridad Interior
Por Redacción/Animal Político
Un grupo de organizaciones sociales y activistas pidieron al Frente Ciudadano rechazar las propuestas de Ley de Seguridad Interior que buscan mantener al Ejército en las calles realizando tareas de seguridad pública.
“Las organizaciones y personas firmantes hacemos un llamado al Frente Ciudadano por México para tomar una posición inequívoca en contra de los continuados esfuerzos del gobierno y sus aliados por aprobar legislación en materia de “seguridad interior” y con ello perpetuar la militarización de la seguridad pública”, señalan.
Los firmantes – 80 ciudadanos y 27 organizaciones- entre los que están Causa en Común A.C.,Centro Prodh, Observatorio Nacional Ciudadano R3D y Red en Defensa de los Derechos Digitales, entre otros, aseguran que se requiere cambiar el modelo de seguridad hacia uno encaminado al fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad.
Señalan que diversas iniciativas pendientes de discusión en el Congreso, así como propuestas del gobierno federal buscan “usar la etiqueta “seguridad interior” con el objetivo de utilizarla para violentar la prohibición constitucional a la militarización de la seguridad pública”.
Los firmantes exigen al Frente -conformado por PRD-PAN-MC- y a los gobernadores emanados de estos partidos una revisión seria y basada en evidencia del sistema de seguridad pública nacional a través de cuerpos civiles.
Aseguran que para muchos gobiernos locales, es más fácil descargar su obligación constitucional en el Ejército que cumplir con sus responsabilidades. “Pero si el Frente ha de ser realmente Ciudadano, debe de responder a las necesidades e intereses de la ciudadanía y no a los de la clase política”.
La Cámara de Diputados aplazó en febrero pasado la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual es rechazada por algunas bancadas en San Lázaro y por organizaciones civiles.
La Ley de Seguridad Interior ha sido señalada por organizaciones de la sociedad civil, pues dicen “legalizar el uso de las fuerzas federales, especialmente en tareas de seguridad pública, reduce y desincentiva el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiacas, quienes constitucionalmente debieran asumir dichas tareas”.