Padrones deficientes y simulación de sanciones, los problemas detectados en concesiones mineras
Por Redacción/Animal Político
Padrones de concesionarios de minas y derechos de extracción no actualizados e incompletos, falta de sanciones por no presentar informes legales e incluso simular la aplicación de multas fueron algunas de las irregularidades que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) halló al revisar el cumplimiento del pago de derechos de minería.
En su informe, que forma parte del segundo paquete de auditorías a la Cuenta Pública 2016 que la ASF presentó a la Cámara de Diputados, se responsabilizó principalmente a la Secretaría de Economía (SE) de las irregularidades y deficiencias en la fiscalización y cobro de derechos de los concesionarios mineros.
La investigación también incluyo al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero la promoción de responsabilidad administrativas sancionatoria se centró en funcionarios de la SE.
La ASF emitió, por estas irregularidades, un total de 16 recomendaciones a las tres dependencias.
En estas recomendaciones, la ASF señaló que los padrones de concesionarios de minas de la SE tienen deficiencias en “nombres de los titulares de concesiones, Registro Federal de Contribuyentes, fechas de vigencias, y fechas de expedición” lo que dificulta al SAT el cobro de impuestos y derechos.
Los padrones también presentaban las siguientes irregularidades: registros de concesiones que no coincidían entre sí, el 31% de los registros corresponde a concesiones que ya había terminado su fecha de vigencia, sin informar si existía prórroga, y en el 7.6% de los casos la suma de los porcentajes de participación de los titulares que superan el 100%, en algunos casos suman hasta 500%.
Esta deficiencia, explica la ASF ya había sido detectada desde hace un año, cuando se revisó el tema en la Cuenta Pública 2015 y se recomendó a la SE coordinarse con el SAT para depurar padrones y corregir errores, pero un año después el problema se mantuvo.
A los titulares de las 24, 961 concesiones mineras el estado les impone un pago de impuestos del 7.5% de los ingresos generados por la extracción de metales y minerales. Además, en caso de que no trabajen las minas o realicen trabajos en el terreno encaminados a la extracción durante dos años continuos deberán pagar semestralmente un derecho adicional por hectárea concesionada.