Comunicado: Ante la CIDH, denuncian familias de Ayotzinapa trabas a la investigación

*** Familiares cuestionan uso político de PGR; a Tomás Zerón se le premia sostener la “verdad histórica” y a Santiago Nieto se le despide por Odebrecht.

*** A tres años, la CIDH señala que no hay avances en la investigación y asegura que no abandonará a las familias ni el caso.

CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE OCTUBRE DE 2017. Las mentiras de funcionarios sobre el caso Ayotzinapa y las trabas en la investigación “nos están matando poco a poco”, denunció Blanca Nava, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava, durante la tercera audiencia de oficio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento (MES) para el caso Iguala, realizada en Montevideo, Uruguay.

Cumplidos los tres años de los hechos, las familias y sus representantes señalaron que continúa la obstaculización a la asistencia técnica internacional con acciones como el espionaje y el ocultamiento de información y evidencia al Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), así como las declaraciones de funcionarios reivindicando la “verdad histórica”, carente de sustento científico.

Los familiares cuestionaron el uso político y la falta de independencia de la Procuraduría General de la República (PGR), pues mientras a funcionarios como el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, se les premia, a otros como el ex visitador general de la Procuraduría, César Alejandro Chávez, se les obliga a renunciar por encabezar investigaciones independientes; o el más reciente caso es el del ex titular de la Fepade, Santiago Nieto a quien despidieron por investigar Odebrecht.

Las familias recordaron que el ex titular de la AIC, tras la visita del MES en agosto de 2017, contradijo a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño al reivindicar la teoría de caso construida durante su periodo.

Al respecto, el comisionado James Cavallaro cuestionó al Estado mexicano sobre la investigación contra el funcionario, señalado por cometer graves irregularidades, pero no obtuvo respuesta. Los representantes de las familias informaron que la PGR ha litigado para evitar que los funcionarios sean sancionados. La comisionada Margarette May Macaulay consideró que el Estado debe ser “duro” con las personas que empeoran la relación entre las familias y el Gobierno federal.

“A tres años no existe justificación para que [en el gobierno] no sepan en realidad el paradero de nuestros hijos”, consideró Emiliano Navarrete, padre del desaparecido José Ángel Navarrete y quien denunció que las y los funcionarios del Estado mexicano “andan buscando la respuesta en el aire”. Blanca Nava advirtió que “vergüenza les debería dar” por no encontrar ni una pista de los estudiantes en los 37 meses transcurridos.

Las y los comisionados también se interesaron por el estado de las investigaciones sobre la tortura a presuntos responsables y urgieron a avanzar en los mapas de fosas clandestinas y el uso de tecnología Lidar, entre otros. La representación de las familias advirtió que los avances no han sido integrales y no se han agotado las líneas de investigación.

Finalmente, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva aseguró a las familias que “la CIDH no va a abandonarlos, es un desvelo de toda la comisión. Es inconcebible que a estas alturas no sepamos la responsabilidad de los intervinientes de la fuerza pública”.