Jueces sentencian a 13 representantes de empresas fantasma en Veracruz; piden captura de 13 más

Foto: AFP

Por Redacción/Animal Político

La Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvieron las primeras 13 sentencias condenatorias por delitos fiscales en contra de socios y representantes legales de una red de empresas fantasma en Veracruz, que recibieron recursos públicos del gobierno de Javier Duarte.

Además, jueces federales giraron 13 órdenes de aprehensión más contra otros involucrados, mientras que el SAT presentó cinco nuevas denuncias contra quien resulte responsable tras confirmar que las operaciones entre las compañías y el gobierno de Veracruz fueron simuladas.

Entre los sentenciados hay personas de bajos recursos, militantes del PRI en Vercacruz o gente que aunque no eran empresarios simularon que lo eran en el papel, proporcionando datos fiscales falsos para convertirse en accionistas y representantes legales de las compañías. Todos aceptaron declararse culpables, a cambio de sentencias reducidas que les permitieran no ser encarcelados.

Estos falsos empresarios están vinculados directamente con las compañías fachada reveladas por Animal Político en mayo de 2016, y las cuales, mediante licitaciones simuladas y adjudicaciones directas irregulares, recibieron contratos de cuatro dependencias del gobierno de Duarte: Desarrollo Social, Protección Civil, Educación y el DIF Estatal (este último bajo la presidencia de Karime Macías, esposa de Duarte).

Los datos oficiales proporcionados a este portal por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que las 13 sentencias fueron dictadas por jueces federales mediante la modalidad de “proceso abreviado”, es decir, en juicios cortos luego de que los involucrados aceptaran declararse culpables a cambio de una condena mínima.

El delito que se les imputó fue el “rendir con falsedad al registro, los datos, informes o avisos a que se encuentran obligados los contribuyentes” estipulado en el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación. La pena para los que cometen este ilícito va de los tres meses a los tres años de prisión.

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