Policía comunitaria de Tixtla, Guerrero, denuncia represión y hostigamiento

Foto: Erik Salinas/Cencos

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) denunciaron esta mañana que desde hace meses los miembros de su base ubicada en Fortín (Tixtla, Guerrero) han sido objeto de amenazas y represión por parte del gobierno y de grupos de sicarios.

En conferencia de prensa, informaron que el pasado 8 de agosto uno de sus compañeros, identificado como Tomás N., fue levantado de la base y dos días más tarde su cuerpo fue encontrado sin vida, con señales de tortura, en las escalinatas de Fiscalía General de Guerrero. Añadieron que la investigación sobre este suceso está en curso y que ellos mismos iniciaron una investigación para dar con los responsables materiales.

En la conferencia de prensa la CRAC-PC dijo que uno de sus integrantes ha recibido amenazas de muerte por parte de grupos dedicados al narcotráfico.

Además de denunciar la represión de la que son objeto, los integrantes de la CRAC-PC exigieron nuevamente la libertad de los policías comunitarios que se encuentran presos (Samuel Ramírez, Arturo Campos y Gonzalo Molina) y de todos los presos políticos. También exigieron al gobierno que cese la criminalización contra el sistema de justicia comunitario.

Sobre el estado de salud de Gonzalo Molina, policía comunitario que se encuentra preso desde noviembre de 2013, aseguraron que después de una huelga de hambre de 21 días su salud deterioró y que hasta el día de ayer autoridades del penal de Chilpancingo, Guerrero le habían negado el permiso para salir a revisión médica, además de que no permiten la entrada de medicamentos.

También estuvo en la rueda de prensa Samuel Peñate, de la Coordinadora Ayotzinapa, quien aseguró que a unos días de que se cumplan tres años de la desaparición de los 43 estudiantes, el gobierno no les ha dado respuesta. Dijo que los normalistas rurales son víctimas de represión, espionaje y otras prácticas del Estado para terminar con su organización estudiantil. Lo mismo pasa, aseguró, con la CRAC-PC, cuyos integrantes viven una “campaña de terror”, a pesar de que la policía comunitaria brinda protección a la población y promueve la participación colectiva del pueblo.

Finalmente, Eduardo Gregorio, coordinador de la Casa de Justicia de Citlaltepec, pidió al gobierno en sus diferentes niveles que reconozca, tome en cuenta y respete a la policía comunitaria, ya que es un sistema que no opera únicamente en Guerrero.