Día de las Personas Defensoras: el clamor por una Política Pública Integral de Protección en México
Espacio OSC
México, 09 de diciembre, 2023
En el Día de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, reconocemos y celebramos la valiente labor de personas, comunidades y organizaciones comprometidas con la promoción y protección de los derechos humanos en México. Su esfuerzo incansable por acompañar a las víctimas y generar propuestas para contrarrestar la violencia merece nuestro más profundo respeto y apoyo.
Es crucial resaltar que, a pesar de su labor fundamental, persiste una preocupante ola de violencia contra quienes defienden los derechos humanos en el país. Según datos de la ONU-DH México, entre enero de 2019 y noviembre de 2023, se reportaron al menos 93 asesinatos y ocho desapariciones de personas defensoras. Con base en Article 19, en ese mismo periodo de tiempo han sido asesinadas 42 personas periodistas, y cinco se encuentran desaparecidas. Además, se han registrado acciones de criminalización, desplazamiento, hostigamiento y agresiones físicas, psicológicas y digitales, muchas de ellas con un marcado sesgo de género. Estas acciones se dirigen especialmente en contra de comunidades indígenas que reclaman sus derechos a la tierra, al territorio y a la libre determinación.
La situación en estados como Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Colima, Veracruz, Guerrero y Sonora es alarmante debido a las constantes amenazas y ataques a personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, la reciente desaparición y posterior asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz en Jalisco, ocurrida el pasado 24 de noviembre, a pesar de contar con medidas de seguridad del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Así como el caso de la desaparición del Abogado defensor de Derechos humanos Ricardo Lagunes y el líder comunitario Antonio Díaz Valencia en hechos sucedidos en Cerro de Ortega-Colima el 15 de enero de 2023.
También, la criminalización que persiste en casos como el de Pablo López Alavez, en Oaxaca, quien ha sido privado injustamente de la libertad por más de 13 años, a pesar de la opinión de expertos de la ONU. Además, se han registrado asesinatos y desapariciones en esa misma entidad federativa contra defensoras de derechos humanos. Es el caso del homicidio de Bety Cariño Trujillo, en 2010, y las desapariciones, en 2021, de Irma Galindo Barrios y Claudia Uruchurtu Cruz, activistas en la región. Estos casos tienen como un común denominador que es la impunidad.
En Guerrero, el caso de Arnulfo Cerón Soriano, defensor desaparecido en 2019 y hallado sin vida, refleja la lucha de sus compañeros/as por la justicia. Tras cuatro años de ocurridos los hechos, aún enfrentan obstáculos y riesgos para quienes luchan por la verdad y la búsqueda de justicia en su caso, lo que evidencia la falta de transparencia en el proceso y la impunidad estatal. En Michoacán, este año, el aumento de agresiones a personas defensoras del territorio se constata en el asesinato de Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes, Rolando Magno Zambrano y Lorenzo Froylán de la Cruz, originarios de la comunidad de Ostula. Por último, en Guanajuato se encuentran el caso de Catalina Vargas y Teresa Magueyal, mujeres asesinadas en 2023 y que hacían labores de rastreo para localizar a sus hijos.
Estos casos son una muestra dolorosa de la grave situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión.
Por lo expuesto anteriormente, en el marco del Día de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y conmemorando los 25 años de la Declaración sobre el derecho y el deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, hacemos un llamado enfático a las instancias gubernamentales para:
- Reforzar acciones interestatales que garanticen el respeto, la prevención y la protección de la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Esto acompañado de un análisis diferenciado, interseccional e intercultural profundo que contemple los riesgos y las diversas formas de violencia que persisten y se agravan, especialmente en contextos electorales.
- Establecer e implementar un plan de persecución penal a nivel nacional y en las entidades federativas, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, para investigar y sancionar de manera diligente y expedita las agresiones y delitos perpetrados contra quienes defienden los derechos humanos.
- Mantener un diálogo continuo entre instancias de gobierno y la sociedad civil a través del Grupo de Trabajo para el fortalecimiento del Mecanismo, siguiendo las recomendaciones del diagnóstico emitido por la ONU-DH y las propuestas de rutas de implementación elaboradas por el Espacio OSC. Es imperativo impulsar el cumplimiento de las recomendaciones y rutas aprobadas y priorizadas, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instancias gubernamentales y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
- Brindar medidas específicas de protección a las personas defensoras del medio ambiente, conforme a la obligación establecida en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú.
Además, instamos a todas las instancias gubernamentales, sin importar su nivel, a respetar y garantizar la labor de las personas defensoras, y a no permitir ni respaldar ningún intento de agresión o limitación de su trabajo por parte de personas funcionarias públicas o particulares.
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