En lugar de investigar las desapariciones, el Estado mexicano persigue a periodistas, defensores y peritos independientes
DesInformémonos
Publicado 25 noviembre, 2021
Imagen tomada de Desinformémonos
Marcos Nucamendi/Desinformémonos
La periodista Marcela Turati, la defensora Ana Lorena Delgadillo y la perito internacional Mercedes Doretti fueron investigadas en 2016 por la entonces Procuraduría General de la República. Fue hasta este 2021 que ellas se enteraron de que, incluso, se les abrió un proceso en su contra por secuestro y delincuencia organizada, como parte de la averiguación por la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos exigieron que se deje de criminalizar y perseguir a periodistas y defensores.
Con una rapidez pocas veces vista cuando se denuncia la desaparición de una persona, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) echó a andar, en 2016, toda su maquinaria para investigar a una periodista, una defensora de derechos humanos y una perito forense que buscaban esclarecer la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, y acompañar a las víctimas.
“Ojalá que cuando las familias tienen un desaparecido, con esa celeridad hicieran las cosas; que cuando vamos y les decimos: aquí están las pistas (de la desaparición), así lo hicieran”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, al dar a conocer que ella, la periodista Marcela Turati, cofundadora de Quinto Elemento Lab, del proyecto Más de 72 y coordinadora deA dónde van los desaparecidos, y Mercedes Doretti, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para Centro y Norteamérica, fueron investigadas por la entonces PGR, en 2016, debido a su trabajo para esclarecer la masacre de, al menos, 196 personas que fueron halladas en 48 fosas clandestinas.
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