Diagnóstico visibiliza violaciones de derechos humanos y problemáticas que enfrentan las mujeres que pertenecen a la población callejera

Erika Díaz/Cencos

“Existe la población callejera, sí existe. No somos la sombra de México, sí existimos”, Susana González, de 38 años, perteneció a la población callejera y compartió su experiencia durante la presentación del diagnóstico.

Foto: Facebook elcaracolac

El 5 de noviembre se presentó en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos y las políticas públicas disponibles para mujeres que constituyen la población callejera 2019, cuyo objetivo fue identificar y visibilizar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que forman parte de esta población en la Ciudad de México, Puebla, Tijuana, Guadalajara y Acapulco; así como conocer las problemáticas y obstáculos que enfrentan, para luego emitir una serie de recomendaciones que faciliten la creación y mejora de políticas públicas.

El diagnóstico, elaborado en colaboración por El Caracol A.C. y la CNDH, arrojó que el principal agente agresor son servidores públicos, por lo que resulta imprescindible sensibilizar y capacitar a policías, agentes del ministerio público y demás servidores públicos; también identificó como una necesidad primordial proporcionar a las mujeres los registros civiles adecuados, principalmente actas de nacimiento, ya que al no contar con documentos de identidad se les niega el acceso a servicios y al ejercicio de sus derechos.

El derecho a la vida, a la integridad legal, a la salud, a la educación, al trabajo, al acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencia son los más violados, según el documento. En lo que respecta a la salud, el diagnóstico detalla que cuando las mujeres acuden al servicio médico son discriminadas. “Han narrado las mujeres que los médicos ni siquiera quieren auscultarlas […] asisten por dolores que son internos y ni siquiera los médicos se acercan […] si nos ponemos a entenderlo desde algunos otros referentes simbólicos, podríamos entender como si la pobreza se contagiara”, comentó durante la presentación Myrna Salazar, coordinadora de la investigación.

En relación con el derecho a la educación, se identificó que el mayor grado de estudios que tienen las mujeres en situación de calle es primaria, lo que lleva a que tengan los trabajos más precarios, trabajos de subsistencia. Sin embargo, la preocupación por el acceso a la educación de estas mujeres no queda ahí, ya que también habría que hablar sobre la poca o nula educación sexual y reproductiva que se les brinda, pues esto ha llevado a que no estén informadas sobre enfermedades de transmisión sexual y la forma en que pueden evitar contagiarse, y sobre la planificación familiar.

En la presentación del diagnóstico también estuvieron Eréndida Cruzvillegas, cuarta visitadora general de la CNDH; María Ampudia y Olga Noriega, consejeras de la CNDH; y Susana González, quien formó parte de la población callejera y agradeció la elaboración de esta investigación. “No somos un número, somos humanos, humanas, niños y niñas”, reiteró, y compartió su punto de vista sobre las problemáticas, obstáculos y violencia que viven las mujeres que forman parte de la población callejera.

Habló sobre la necesidad de reconocer que las mujeres en situación de calle tienen hijos e hijas que deberían tener el mismo acceso a la educación que el resto de la población, sin discriminación alguna. Compartió cómo al enterarse de que iba a tener una hija su madre le dijo que no era capaz de cuidarla por la forma en la que vivía y por el problema de adicción que tenía y que por ello era mejor que ella la cuidara, pero cuando se recuperó y reclamó a su hija y la respuesta que tuvo fue que podía vivir con ella. “Se me negó ese derecho, se me negó ser madre”, compartió.

Durante la presentación se hizo énfasis en que para que haya un cambio en la vida de las mujeres integrantes de la población callejera es necesario abordar las diferentes problemáticas de manera interseccional y con perspectiva de género, diseñar procesos estandarizados de atención, implementar brigadas en los espacios de socialización y pernocta, y contar con un registro, tanto cuantitativo como cualitativo, para brindar atención especial.

Las conclusiones del diagnóstico se presentan como una serie de observaciones y recomendaciones divididas entre los derechos más violentados de las mujeres; algunas se presentan a continuación:

• Derecho a la vida: establecer un mecanismo para coordinar los distintos niveles de atención y garantizar el acceso a los servicios para evitar muertes que fácilmente se pueden prevenir. Establecer programas de vivienda, consensuada e incluyente, a través de los cuales la población callejera, y especialmente las mujeres, puedan mejorar su calidad de vida junto con la de sus hijas e hijos. Promover entre servidores públicos un acercamiento sensibilizado a las adicciones para que no sean vistas como un delito, sino que sean comprendidas como el resultado de una serie de problemáticas económicas, sociales, familiares y culturales.
• Derecho a una vida libre de violencia: contar con un registro confiable de feminicidios para su análisis y combate. Informar y sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos para que puedan ejercerlos y exigir su respeto. Tipificar en el país la discriminación como un delito desde la perspectiva de género. Capacitar a servidores públicos en materia de violencia de género y garantizar el adecuado funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y su difusión entre la población.
• Derecho a la identidad legal: establecer un procedimiento uniforme para el acceso a la identidad legal. Establecer a nivel nacional un periodo único de registro oportuno para desarrollar acciones de combate del subregistro de nacimientos.
• Derecho a la salud: visibilizar la ausencia de datos sobre los programas de salud que llegan a las mujeres pertenecientes a la población callejera y que son utilizados por ellas, y evaluar si tienen el impacto deseado. Capacitar al personal que atiende en los espacios de salud en temas de buen trato, derechos humanos y perspectiva de género para mejorar la atención a las mujeres que acudan a ellos. Impulsar acciones para incrementar y mejorar la atención de la salud mental.
• Derecho a la educación: brindar talleres sobre educación sexual y planificación familiar para promover decisiones libres e informadas e informar sobre prácticas sexuales seguras, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual e interrupción legal del embarazo.
• Derecho al trabajo: crear talleres para la población callejera sobre la eliminación de los roles de género, los derechos laborales de las mujeres para que conozcan la forma de obtener los requisitos necesarios en la búsqueda de un empleo formal. Construir políticas públicas en contra del acoso psicológico y sexual dentro de empresas, instituciones y el espacio público, tomando en cuenta que la mayoría de las mujeres tiene empleos informales en este espacio; de igual forma, es necesario capacitar y sensibilizar a policías y servidores públicos para evitar violaciones a los derechos que atenta a la integridad de las mujeres que realizan este tipo de empleos. Brindar capacitaciones y cursos financieros para que la población callejera sepa administrar y gestionar el dinero que obtienen.
• Derecho al acceso a la justicia: desarrollar un mecanismo de atención especial a la población callejera dentro del sistema judicial para que conozcan sus derechos. Sensibilizar a servidores públicos del sistema de justicia para desestigmatizar y descriminalizar a las personas en situación de calle. Trabajar en contra de la revictimización de las mujeres por parte de servidores públicos.

Aun cuando durante la investigación se encontró un amplio marco jurídico internacional que protege y garantiza el ejercicio de los derechos humanos de la población callejera, entre las que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los resultados de dicha investigación apuntaron a que “no había programas sociales ni servicios públicos específicos que atendieran a las mujeres que pertenecían a la población callejera”, según Myrna Salazar.

En la presentación se hizo hincapié en que el Instituto de Estadística, Geografía y Estadística (Inegi) no cuenta con información detallada acerca de la población callejera en México, únicamente se estima, de acuerdo con el Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018, realizado en la Ciudad de México, que existen alrededor de 6,754 personas viviendo en esta situación, de las cuales 87.27% son hombres y 12.73% son mujeres.

Las personas que forman parte de la población callejera podrían ser definidas como aquellas que no tienen una vivienda fija y no cuentan con un apoyo familiar, de hecho, en la mayoría de los casos el haber vivido en un ambiente de violencia intrafamiliar fue lo que las llevó a refugiarse de esa situación en la calle y luego a vivir en ella.