Tortura, normalizada en Guanajuato: la practican policías y ministeriales, mientras la consecuenta Derechos Humanos

Foto tomada de Desinformémonos

Carmen Pizano/ Desinformémonos 

El último año de gobierno de Miguel Márquez la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado emitió 65 recomendaciones por «violaciones a integridad física» a corporaciones de policía estatales y municipales.

Veintiocho años de gobiernos panistas, cuyo eje central de doctrina es el respeto a la dignidad de las personas, no han logrado erradicar la práctica de la tortura como instrumento de «investigación» policial en Guanajuato, en cambio se ha tratado de disfrazar el maltrato policial al evitar ese término en las denuncias presentadas por las víctimas.

Sin reconocer la tortura como una práctica común en Guanajuato, la PDHEG, entidad que se ha hecho acreedora a críticas por su escasa independencia y la evidente debilidad de sus recomendaciones, ha decidido catalogar las agresiones como violaciones a la integridad física y/o personal, aunque en la relatoría de los hechos se incluyen métodos aplicados por elementos de la fuerza pública como la de colocar bolsas de plástico en la cabeza de los detenidos y descargas eléctricas en los testículos, que incurren sobradamente en la definición de tortura que establece la legislación vigente y los acuerdos internacionales a los que México se ha obligado.

Tan solo en el 2018 se emitieron 65 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos como la integridad física, integridad personal, en dos casos se clasifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes y solo en una recomendación se hace referencia a la tortura.Sin embargo, en la legislación vigente incurre en el delito de tortura:

Al servidor público que con motivo de sus funciones, por sí o por medio de otra persona, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener, de ella o de un tercero, información o una confesión, de investigación, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras para que realicen o dejen de realizar una conducta determinada, de medida preventiva o de anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental…

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