Texto: Lydiette Carrión, Fotos: Archivo / Ximena Natera y Duilio Rodríguez /Pie de Página
Los pueblos originarios en los municipios de Tecámac, Zumpango y Nextlalpan están contra el proyecto Santa Lucía. Pero se desmarcan de las acciones legales que encabezan grupos de empresarios, quienes lo hacen bajo la lógica empresarial. Desde las comunidades, advierten, les mueve el derecho humano al agua.
Foto: Pie de Página
Los pueblos originarios afectados por la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía preparan una defensa legal de carácter internacional en contra del proyecto. Reclaman la defensa al agua y el derecho de los pueblos originarios de ser escuchados. Advierten que la cuenca hídrica del Valle de México no soporta un megaproyecto más.
La estrategia legal está bajo la guía legal del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
José Antonio Lara Duque, director del Centro Zeferino Ladrillero, explica en entrevista:
“Ya interpusimos la primera batería de amparos. El proceso de construcción de amparos comunitarios [a diferencia de otros recursos impulsados desde la ciudadanía o de particulares] lleva mucho más tiempo, porque se tiene que consultar. Por eso se han interpuesto apenas los primeros amparos. Pero de una batería mucho mayor que habrá según se toman las decisiones”.
“Lo que nosotros planteamos desde las comunidades es el tema de protección del derecho al agua y de los pueblos originarios. Esos son dos pies sobre los que se levanta la resistencia de los pueblos”.
Añade: “abiertamente y claramente hay una diferencia [de nosotros] con los colectivos que han impulsado amparos desde la lógica empresarial”, que buscan, explica, regresar el proyecto a Texcoco. “Nosotros, apoyamos y celebramos en su momento que se cancelara el proyecto en Texcoco”.
