Luis Fernando Sotelo recupera su libertad; fabricaron su acusación, señala abogado

Giselle Velasco/Cencos

Foto: Erik Salinas/Cencos

Luis Fernando Sotelo Zambrano, el estudiante que en 2014 fue detenido y acusado de incendiar un metrobús en la Ciudad de México, fue liberado el 12 de julio de 2019, luego de cumplir una sentencia de 4 años, 8 meses y 7 días. En conferencia de prensa en Cencos, Sotelo Zambrano y el colectivo Los Otros Abogadoz, hablaron sobre su proceso jurídico.

Recordaron que el 5 de noviembre de 2014, el entonces estudiante de preparatoria fue privado de su libertad al ser acusado de incendiar un metrobús y estación en Ciudad Universitaria, en el marco de la Tercera Jornada de Acción Global por Ayotzinapa: se le acusó de cometer los delitos de ataque a la paz pública agravado, ataque a las vías de comunicación agravado y daño a la propiedad agravado.

El gobierno de la Ciudad de México, denunció el abogado Roberto López, “utilizó a la procuraduría de justicia para fabricar la acusación y, posteriormente, al poder judicial para validar el montaje y dictar sentencia condenatoria: 33 años y 5 meses de prisión, más una reparación del daño de 8,713,006.18 pesos”.

Explicaron que la defensa interpuso una apelación contra dicha sentencia y se resolvió que la pena era excesiva, por lo que se redujo a 13 años de prisión; finalmente, interpuso un amparo por la falta de pruebas en contra de Luis Fernando, con lo que la sentencia se redujo a la cumplida.

Sotelo Zambrano declaró que durante el proceso legal el juez desestimó su declaración. Señaló que otra de las irregularidades en su proceso fue la supuesta eliminación de los videos de la cámara de seguridad, los cuales habrían permitido demostrar su inocencia. Luis Fernando aseguró que en prisión estuvo en completo aislamiento y se le negó el acceso al centro escolar, por lo que no logró concluir su educación preparatoria; declaró que sufrió hostigamiento, así como violencia verbal y física.

El Roberto López aseguró que una muestra más de la mano dura ejercida contra Luis Fernando se presentó en la negativa del poder judicial para aplicar en favor del joven la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa, y cuya aplicación fue prometida para los presos políticos durante el periodo de gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Dicha negativa impulsada por el juzgado 32 penal y la cuarta sala penal se basó en el argumento de que la detención de Fernando no fue en el contexto de una manifestación o protesta social. La libertad de Luis fue gracias a la lucha legal y a la resistencia de Luis Fernando, recalcó Roberto López.

“Es muy grato salir del reclusorio y estar más consciente en cuanto a información sobre otros procesos e individuos que el gobierno secuestra en el país, entre los cuales están Miguel Peralta, preso en Oaxaca, y los compañeros indígenas de la huelga de hambre”, aclara Luis Fernando, haciendo referencia a los presos indígenas de Chiapas.