Mecanismos de protección para defensores de derechos, negocio de empresas: organizaciones
Redacción / Animal Político
El año pasado, 31 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México, de acuerdo a reportes de la organización Front Line Defenders. En el país, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) señalan que en lugar de protegerlos, la criminalización, las amenazas, las agresiones y el desprestigio hacia ellos se han vuelto un patrón. Esto pese a que existe una ley y un mecanismo que debería garantizar su seguridad.
Así lo documenta el informe “Es Tiempo Ya, Políticas públicas eficaces para el derecho a defender los derechos humanos”, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de la organización Protección Internacional (PI), que consideran que la falla radica en que el mecanismo de protección en México y en la mayoría de los países de América Latina se limita a medidas en el ámbito físico, muchas basadas en tecnología, botones de pánico, telecomunicaciones y escoltas.
En México está vigente la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2012, pero no hay una política pública integral de resguardo para estos colectivos, señala el informe. Solo se cuenta con un mecanismo federal de protección, que está restringido y centrado en la seguridad y el riesgo.