Javier Corral asegura que feminicidio se resolvió, familiares lo niegan; exigen investigar desapariciones

Marcela Méndez/Cencos

El 7 de agosto de 2018, durante el primer Foro escucha por la pacificación del país –convocado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo– José Luis Castillo, padre de Esmeralda, una joven desaparecida en Ciudad Juárez, brincó a la tarima en la que se encontraban López Obrador y Javier Corral, gobernador del estado.

Decidió hacerlo porque él y otros familiares de víctimas de desaparición y feminicidio estaban enojados por las declaraciones de Corral, que afirmaban que su gobierno atendía estos casos.

Subió porque lleva nueve años buscando a su hija, en un camino de criminalización y hostigamiento por parte de las autoridades –de acuerdo con el abogado David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, José Luis estuvo detenido durante nueve meses por un delito que no cometió, y amenazado vía telefónica desde, según arrojan investigaciones de la PGR, el  conmutador del gobierno estatal–, y porque a pesar de buscar audiencias con Corral en varias ocasiones, este encuentro no se ha dado.

“Pensé: estoy aquí, enfrente del presidente de la república, a lo mejor ahora sí me da la cita. Brinqué hacia el pódium… y le dije: ‘señor, hemos estado buscando una cita desde el primer día de su gobierno’. El señor Andrés Manuel dijo (a Corral): ‘atiéndelos’” y él accedió, narra José Luis.

Ese día, Javier Corral estampó su firma en una hoja, y se comprometió a atenderlos. La audiencia, hasta el 13 de agosto, no se ha dado.

A José Luis le siguieron otros familiares de víctimas –muchas de las cuales se encontraban sentadas en el piso del auditorio– y subieron al escenario. Abajo se escuchaban reclamos: “Ya no queremos niñas muertas”, “enséñele a gobernar”, “enséñeles a trabajar, como cuando usted fue gobernador”. Una de las voces era de Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, joven asesinada en febrero de 2001.

El 8 de agosto, Corral declaró ante medios de comunicación que el gobierno de Chihuahua ha respaldado las exigencias de las víctimas, “que haya algunas motivaciones personales o políticas es otra cosa”, dijo.

Aseguró, además, que dos de las personas que tuvieron esas expresiones –refiriéndose a José Luis y a Norma– han sido de las más atendidas por la fiscalía. “Hasta los hemos acompañado en búsquedas personales. De hecho, un caso, que ya está resuelto, es el de Norma Andrade, está resuelto el asesino serial con prueba científica, pero encontramos la oposición de ella, dice que no es”, dijo.

El lunes 13 de agosto, José Luis Castillo y Norma Andrade, acompañados de los abogados Karla Micheel Salas y David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. convocaron a una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) para posicionarse ante las declaraciones de Javier Corral.

De izquierda a derecha: Karla Micheel Salas, Norma Andrade, José Luis Castillo, David Peña | Foto: Cencos

Rastreos ciudadanos, no búsquedas personales

En primer lugar, expresaron su preocupación por la afirmación de Corral de que la fiscalía ha acompañado a José Luis en lo que llamó “búsquedas personales”, pues según los abogados y el mismo José Luis, las autoridades han acompañado “rastreos ciudadanos”, cuyo objeto es la búsqueda de restos óseos no sólo de Estrella, sino de otras personas que han sido víctimas de desaparición. Y lo han hecho por por la presión ante medios de comunicación.

Estos rastreos, explicó Karla Micheel Salas, comenzaron a hacerse en septiembre de 2016, casi al finalizar el mandato de César Duarte, precisamente ante la resistencia de las autoridades de la fiscalía a realizar búsquedas más a fondo en Arroyo del Navajo, en Ciudad Juárez.

Dichos rastreos, seis hasta la fecha, son financiados por la organización, colectivos de víctimas y activistas, y han logrado la recuperación de 61 restos óseos, todos de mujeres y niñas. Ahora exigen que los hallazgos –incluidos ropa y otros objetos– sean analizados para lograr la identificación de personas que se encuentran desaparecidas.

Sobre que José Luis y Norma sean dos de las personas más atendidas por la fiscalía, David Peña asegura que preocupa la declaración ya que, en primer lugar, es obligación de las autoridades atenderlas y, en segundo, asisten ahí con frecuencia porque son personas defensoras que acompañan otros casos de víctimas.

Preocupa también, aseguró, que Javier Corral sólo se haya referido a los casos de José Luis y Norma, cuando fueron varias las víctimas que protestaron el 7 de agosto.

Rastreos ciudadanos en Ciudad Juárez, Chihuahua | Cortesía: Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia social

El caso de Lilia Alejandra no se ha solucionado

Corral aseguró que el caso de la desaparición y asesinato de la joven Lilia Alejandra concluyó ya que “está resuelto el asesino serial con prueba científica”. Norma y los abogados que la acompañan aseguran que el gobernador está faltando a la verdad. En primer lugar, porque no existe sentencia en este caso y, en segundo, porque la decisión de ordenar la aprehensión de un presunto culpable no está basada en pruebas científicas, como lo asegura Javier Corral.

David Peña explicó que al inicio de la investigación, en 2001, se encontró una muestra de ADN en la víctima, una muestra de sangre en una cobija localizada en el lugar de los hechos y una muestra genética en las uñas de la víctima (de esta última se tiene un perfil parcial y es, posiblemente, de un tercer agresor). Esto apunta a que cuando menos tres sujetos participaron o pudieron participar en el asesinato de Alejandra.

Desde ese momento y hasta 2008 se agotaron varias líneas de investigación, entonces se volvió a hacer un análisis de las muestras de ADN encontradas: las cotejaron con otros casos similares a los de Lilia Alejandra y se logró determinar que tres víctimas más, entre 1995 y 2005 presentaban el mismo ADN del mismo agresor. En el mismo año se localizó un caso más en el que el modus operandi era similar al de los otros cuatro casos. Se trataba entonces de cinco, donde el mismo agresor o grupo de agresores había actuado, en un periodo de diez años, violando, torturando y asesinando a mujeres en Ciudad Juárez.

Para 2008 los dos primeros perfiles estaban completos y el segundo, incompleto. Dos años más tarde, los abogados pidieron que se cruzaran los perfiles identificados con la base de datos que se tenía en ese momento, que era de personal de la fiscalía –este banco de datos se armó, porque estaban asesinando y desapareciendo a agentes ministeriales–, y el primer perfil –a partir de semen– arrojó la coincidencia con un agente ministerial de la procuraduría de Chihuahua: Enrique Castañeda Ogaz. No significa que él sea el agresor, pero sí que el sujeto involucrado tiene el mismo perfil genético paterno.

A partir de este hallazgo los abogados y la fiscalía fijaron buscar a hombres que en 2001 pudieron haber participado en los crímenes y además estar vinculados con este perfil genético. Hasta 2017 se fue descartando a hombres ligados a este linaje paterno, con 16 pruebas hasta el momento, lo que significa 16 parientes del agresor.

Explica Peña que varios de los hombres vinculados a esta familia están en Estados Unidos o no han sido localizados, por lo que la lógica apunta a seguir buscándolos y analizando sus perfiles genéticos, sin embargo, en febrero de 2018 la fiscalía de Chihuahua decidió atraer la investigación –que hasta entonces estaba en Ciudad Juárez.

En un hecho arbitrario, apunta Peña, el fiscal general de Chihuahua, César Peniche Espejel, asignó como investigador del caso a su secretario particular, no a algún agente de la fiscalía; éste, a su vez, solicitó la opinión de una perito para que dijera si el primer ADN encontrado y analizado en 2001 corresponde o puede corresponder a la familia Castañeda Ogaz.

“Sin dictamen ni análisis genético, la perito dice ‘no corresponde a la familia Castañeda Ogaz’, a pesar de tener los 17 dictámenes periciales que relacionan a la misma familia. A partir de esa opinión, el secretario particular cierra la línea de investigación –17 años de investigación científica, pericial– e iniciar otra”, explica Peña.

De acuerdo con el abogado, la fiscalía “inventa una historia… y encuentra a otro hombre que no tiene nada que ver, que no tiene perfil genético y dicen ‘él es el responsable’”; luego, el 21 de abril consigna la investigación contra una nueva persona: Manuel Navarro y pide orden de aprehensión precisamente 14 días antes de que el caso tuviera audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aunque esta nueva persona fuera culpable, dicen los abogados y la misma Norma, el caso no está resuelto, ya que no existe ninguna sentencia; faltarían dos agresores, y esta nueva línea no está basada en una prueba científica, sino en la opinión de una perito que echa abajo una investigación de 17 años.

Los familiares de las víctimas participaron en las mesas de trabajo

Después del evento en el que surgió la protesta, se realizaron mesas de trabajo en las que participaron José Luis, Norma y decenas de familiares de víctimas de desaparición, feminicidio y otros delitos, con la intención de brindar propuestas que contribuyan a la pacificación del país.

Lo hicieron incluso después de que el evento en el auditorio, al que fueron invitados, se les negara el acceso, aún cuando tenían invitación y gafete, y cuando llegaron a tiempo. José Luis y Norma declaran que cuando al fin lograron entrar los querían acomodar en un lugar poco visible, en el rincón, pero que el evento era dirigido a ellos y decidieron sentarse adelante, en el piso.

José Luis finalmente manda un mensaje al gobernador Corral: “que se sensibilice, que sea más humano hacia las víctimas de feminicidio, que nos ayude a encontrar a nuestras niñas para que no se siga repitiendo”, y el mismo mensaje envía a AMLO: “que nos ayude para que no se siga repitiendo en cada estado y ciudad de la república”.