Piden investigar a la Embajada de Canadá por su papel en el caso Mariano Abarca
Cencos
Publicado 12 febrero, 2018
Por Marcela Méndez
José Luis Abarca, hijo del líder comunitario Mariano Abarca –asesinado en noviembre de 2009–, anunció que el 5 de febrero de 2018 su familia presentó, junto con organizaciones mexicanas y canadienses, una denuncia administrativa para que se investiguen las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá en nuestro país en relación con las actividades de la empresa minera Blackfire Exploration y la oposición de la comunidad de Chicomuselo, Chiapas, a su operación.
En la denuncia, presentada ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC, por sus siglas en inglés), las organizaciones argumentan que el actuar de la embajada pudo contribuir a poner en peligro la vida de Mariano Abarca, además de que el cuerpo diplomático posiblemente omitió notificar un acto de corrupción entre la empresa canadiense y autoridades mexicanas.
De izquierda a derecha: Libertad Díaz (Otros Mundos Chiapas), José Luis Abarca (hijo de Mariano Abarca), Miguel Mijangos (Red Mexicana de Afectados por la Minería), Jen Moore (MiningWatch Canada) | Foto: Erik Salinas/Cencos
A partir de solicitudes de acceso a la información presentadas ante el Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD, por sus siglas en inglés) y de documentación periodística, las organizaciones aseguran que la embajada canadiense abogó en distintos momentos por la compañía Blackfire ante las autoridades mexicanas, esto a pesar de tener conocimiento de la resistencia de la comunidad y de las amenazas que enfrentaba Mariano Abarca.
Las acciones y omisiones del cuerpo diplomático pudieron aumentar el peligro que corría Mariano Abarca, aseguró su hijo. “De actuar de otra manera, (la embajada) pudo haber alertado que los gobiernos estatales y locales previeran cómo proteger la vida de mi padre”, expresó José Luis Abarca.
Video de la denuncia (Fuente: Otros Mundos Chiapas):
¿Por qué piden investigar la embajada?
Según la denuncia, la embajada debe ser investigada por haber creado “un peligro sustancial y específico para la vida, la salud o la seguridad” de Mariano Abarca y otros residentes locales. Esto a partir de que:
- No hizo una evaluación de riesgo de violencia y sus posibles impactos en los derechos humanos, a pesar de contar con información del conflicto entre la comunidad de Chicomuselo y Blackfire Exploration. Según la información presentada por las organizaciones, el cuerpo diplomático tuvo conocimiento de las tensiones por protestas, por información del mismo Mariano Abarca y por 1400 cartas y correos que denunciaron la detención del líder comunitario meses antes de que fuera asesinado.
- La embajada violó la política de identificar y brindar apoyo a los defensores de derechos humanos. Las organizaciones argumentan que la embajada no sólo no trató de entrar en contacto con la comunidad, sino que abogó en contra de ella y “urgió al gobierno estatal a contener las protestas, para proteger a Blackfire”; además de que no existe evidencia de que la embajada manifestara preocupación ante el peligro que enfrentaban Abarca y otros integrantes de la comunidad.
- La embajada no tuvo un papel constructivo y “no facilitó un diálogo abierto e informado entre todas las partes”. Por el contrario, la denuncia establece que el cuerpo diplomático y la compañía minera tuvieron una estrecha relación, en la que la embajada realizó “múltiples gestiones en favor de Blackfire ante las autoridades mexicanas”.
La denuncia también establece que otro aspecto a investigar es que la embajada posiblemente tuvo conocimiento de un acto de corrupción de la compañía canadiense a un funcionario mexicano, antes de que éste se hiciera público.
El acto de corrupción consiste en 14 pagos que en total suman 214 mil pesos mexicanos, que la compañía Blackfire hizo al entonces alcalde de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón. La embajada informó de los pagos después de que éstos se hicieran públicos, pero las organizaciones cuestionan si tuvo conocimiento de estos hechos antes de la publicación de esta información.
Finalmente, el documento especifica que con la investigación solicitada no se busca establecer quién asesinó a Mariano Abarca, sino conocer si el cuerpo diplomático cumplió con los valores y políticas que defiende el gobierno canadiense.
En conferencia de prensa, Jen Moore, de Mining Watching –una de las organizaciones firmantes de la denuncia– dijo que las recomendaciones que pudieran hacerse a raíz de la investigación no son vinculantes, pero podrían ayudar prevenir que se repita un hecho así en México o en otra parte del mundo. Esto cobra importancia, porque de acuerdo con Moore su organización ha documentado que lo que sucedió en México con Blackfire y la embajada es parte de un patrón que se replica en otros lugares del mundo.
A partir de que se presentó la petición, el comisionado puede tardar hasta 90 días para decidir si abre o no una investigación.
La familia de Abarca asegura que este recurso para esclarecer el asesinato del defensor se suma a una denuncia al Estado mexicano por la violación al derecho de la vida de Mariano, presentada en junio de 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a la exigencia de que la fiscalía de Chiapas continúe con la investigación.
Más información: otrosmundoschiapas.org
