Fracasó el Estado en seguridad y justicia: CNDH

Foto: Cristina Rodríguez

Por Redacción/La Jornada

Ciudad de México. El Estado mexicano ha fracasado en su función básica de brindar justicia y seguridad a la población. La evidencia “es irrefutable”: el país acaba de vivir el año más violento de las últimas décadas y los índices de criminalidad van en aumento. Así lo dijo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Al participar en la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, organizada por el organismo a su cargo y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ombudsman aseveró que es necesaria la reconstrucción de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, colocando en el centro de las mismas a las personas y sus derechos, bajo un enfoque que vea la integralidad de los problemas y evite buscar soluciones parciales.

“Este entorno de inseguridad, violencia e impunidad que vive el país, con especial gravedad en diversas regiones, es una expresión clara de que el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar la protección en la vida, integridad y bienes de quienes habitamos en este país. Si bien son muchas las acciones emprendidas y cuantiosos los recursos que se han destinado para ello, a través de los años, lo cierto es que nuestro país lleva más de una década sin poder encontrar la solución a los graves problemas que se enfrentan en este ámbito, lo cual lleva implícita una violación a los derechos humanos o ha propiciado que tales vulneraciones se presenten”.

Subrayó que la seguridad es un derecho humano y es, a la vez, una condición necesaria para que se ejerzan a plenitud otros derechos humanos. “Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables, por ser autoritarias”.

Para González Pérez la respuesta a la violencia e inseguridad que se padece, no radica en reducir o eliminar derechos y libertades a las personas, tampoco en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley. “La tentación de buscar soluciones de este tipo constituye, por sí misma, un verdadero riesgo para nuestro Estado democrático de derecho y no garantiza, en modo alguno, que se reduzcan los índices delictivos, que se abata la violencia o que se ejerza verdadera justicia”.

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