El gobierno federal usa los recursos del ramo 23 para premiar y castigar a estados: México Evalúa
Por Redacción/Animal Político
Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, dice la organización.
La discrecionalidad con la que el gobierno federal maneja los recursos del ramo 23 ha permitido que esa bolsa de dinero público se use para premiar, castigar o cooptar a las administraciones estatales, concluyó la organización México Evalúa tras analizar el presupuesto federal de los últimos dos sexenios.
El ejemplo más reciente del uso político de esa bolsa presupuestal fue Chihuahua, entidad que en el sexenio del priista César Duarte recibió un promedio anual 1,650 millones de pesos, con la llegada del panista Javier Corral a la gubernatura la cifra cayó a 70 millones de pesos.
Situaciones similares se vivieron en el Estado de México, Nuevo León o Veracruz, los datos duros muestran que con la llegada del PRI al gobierno federal empezaron a fluir más recursos a esas entidades gobernadas por priistas a través de programas de subsidios federales que están dentro del ramo 23: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales y Contingencias Económicas.
“Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle recursos, por qué, cuánto y cuándo. La entrega de recursos se efectúa por medio de convenios que la misma secretaría define, los cuáles en su mayoría no se publican”, dice el reporte Arquitectura del Ramo 23 que presentó este martes la organización México Evalúa.
Además en la revisión del gasto en esos programas la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó entre 2013 y 2016 “una cantidad considerable de irregularidades”, pues no comprobó el uso de 5 mil 943 millones pesos, y el probable daño al erario se estimó en 7 mil 931 millones de pesos.
“Uno de los casos más graves se observó en Veracruz; en 2015 la ASF señaló un presunto daño al erario de más de 3 mil millones pesos vinculado al programa Contingencias Económicas, principalmente por el retiro injustificado de recursos de la cuenta específica del programa”.