Comunidad maya en resistencia alerta que el suelo mexicano ya se contaminó por transgénicos
Sin Embargo
Publicado 10 noviembre, 2017
Foto: Sin Embargo
Por Redacción/Sin Embargo
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno mexicano viola los derechos humanos de las comunidades indígenas, mientras protege los intereses económicos de empresas trasnacionales como Monsanto, acusó Leydi Pech, integrante del Colectivo Apícola Chenero.
La acusación de la lider indígena tiene origen en la decisión de Adrián Novelo Pérez, Juez Segundo de Distrito de Campeche, de emitir un acuerdo a favor de Monsanto para que la consulta ciudadana sobre la siembra de soya transgénica se lleve a cabo únicamente en seis comunidades y no en las 34 del municipio de Hopelchén, como se acordó previamente.
Los daños que la siembra de soya transgénica dejan a su paso son a nivel medio ambiente y salud. La contaminación del agua por glifosato es una realidad en la península, al igual que la deforestación y la muerte masiva de abejas provocada por la fumigación con plaguicidas altamente tóxicos.
La situación ha provocado afectaciones en la producción de miel mexicana, pues más del 40 por ciento del dulce fluido sale de Campeche. Recientemente algunos habitantes de ese estado sembraron semilla de calabaza y la mayoría perdió sus cultivos a consecuencia de dichas fumigaciones que sorprenden a la población día y noche desde avionetas.
Pech lamentó que el Juez haya dado la razón a Monsanto, empresa que presentó un escrito en el que argumentó pérdidas económicas. No obstante, la lideresa maya aseguró que la empresa trasnacional ha vendido sus semillas sin restricción y actualmente se cosecha el doble de soya transgénica que el año pasado alcanzó las 40 mil hectáreas sólo en Campeche.
“Este año se sembró soya y yo puedo asegurar que se duplicó la cantidad de hectáreas que en este momento se están cosechando y se están comercializando en una total impunidad, violando nuestros derechos”, señaló la mujer que encabeza a opositores a la semilla de la empresa de biotecnología.
Nayeli Ramírez Espinosa, asesora legal de las comunidades en resistencia, lamentó que “[las autoridades] van a beneficiar a Monsanto y a unos cuantos, cuando las comunidades están compuestas por miles de personas”.
Ambas señalan que -de acuerdo con el mapa de Global Forest Watch- Hopelchén en es el más deforestado a nivel nacional, hecho que fue motivado por el impulso al uso de semilla que ha arrasado con grandes extensiones de áreas verdes.
Tanto la abogada como la líder indígena comunicaron que, las comunidades, al percatarse de la siembra ilegal, realizaron denuncias para informar a las autoridades sobre los predios donde se llevaba a cabo, sin embargo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), encargado del monitoreo y la verificación, no hizo nada al respecto.
