Fallas con los fiscales, víctimas e investigaciones, provocan crisis en procuración de justicia
Animal Político
Publicado 25 octubre, 2017
Por Redacción/Animal Político
Ministerios Públicos, los principales responsables de la puerta giratoria: solo solicitan prisión en el 20% de los casos que consignan. En muchas ocasiones liberan incluso al detenido sin consignar ni investigar.
El sistema de procuración de justicia en México se encuentra en una “grave crisis”. Los fiscales no investigan y carecen de autonomía, la profesionalización es inexistente y las condiciones laborales pésimas, las víctimas son ignoradas, las violaciones a derechos humanos son frecuentes; priva el caos organizacional, el desorden en las leyes, la burocracia, la demagogia y la corrupción.
Ese es el diagnóstico que arroja la “Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia 2017”, promovida por la propia PGR y el Congreso, realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
“Para decirlo pronto, existe una alta probabilidad de que un asunto que llega al sistema de procuración de justicia nunca sea resuelto” señala en pocas palabras el informe de resultados de esta consulta, en la que participaron servidores públicos, expertos nacionales e internacionales, y ciudadanos. Hoy se hacen públicos los resultados.
Los hallazgos desmienten el discurso de procuradores, gobernadores y funcionarios. Por ejemplo, el fenómeno de la llamada “puerta giratoria” (detenidos que quedan libres) no es culpa de los jueces, quienes de hecho la conceden en el 70 por ciento de los casos. La responsabilidad es en realidad de los fiscales, que solo piden la prisión en uno de cada cinco casos y en muchos, donde la ley no amerita prisión automática, ni siquiera consignan. Mucho menos investigan.
El resultado: impunidad. Solamente el 4.46% de los delitos que se reportan en México terminan en una sentencia condenatoria, o lo que es lo mismo, 4 de cada 100 denuncias. El 65% de las carpetas de investigación no se resuelven en ningún sentido, y de los que sí se resuelven muchos son para mandarlos al archivo.
Los casos que llegan a resolverse casi nunca son producto de una gran investigación. El 90% de ellos corresponden a delitos cometidos en flagrancia por el probable responsable.
“Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis. La confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza” indica el informe.
La “Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia 2017” fue realizada entre mayo y agosto de 2017 mediante mesas de trabajo en Ciudad de México y varios estados. Su objetivo es establecer un diagnóstico fidedigno de la situación del sistema de procuración de justicia para trazar una ruta hacia un nuevo modelo que permita tener un sistema justo y eficaz.
Lo resultados de la consulta fueron divididos en nueve puntos en el informe. Estos son los principales hallazgos:
Tema 1: Víctimas y derechos humanos
La consulta identificó una problemática general: Víctimas ignoradas por los Ministerios Públicos, lentos procesos de reparación del daño, servicios de atención médica y psicológica deficientes, protección deficiente a las víctimas de un delito, una pobre (si no es que nula) representación adecuada de las víctimas en un proceso a menos que tengan un abogado, revictimización de mujeres en situaciones de violencia.
Tema 2: Seguridad Pública y procuración de justicia
La consulta encontró un “exceso de formalismo” en cómo se planteó la intervención de los policías en el nuevo sistema penal. El “protocolo de actuación policial” es difícil de cumplir y el “informe policial homologado” complicado de llenar aun con agentes bien capacitados, por lo que es urgente revisarlos.
El problema del desempeño policial es más profundo. Se advierte de forma general “pésimas condiciones laborales” en que se desempeñan los agentes, principalmente municipales y estatales. “A ello se suma la falta de formación y la carencia de recursos o de instrumentos que les permitan desarrollar adecuadamente las tareas propias del sistema penal acusatorio”, indica el informe.
