Gobierno y Grupo México olvidan a damnificados por derrame en Sonora

Por Redacción/La Jornada

Hermosillo, Son.

Al cumplirse ayer tres años del mayor desastre ambiental en el país, provocado por la industria minera, pobladores de los siete municipios del río Sonora, miembros de los comités de cuenca y activistas de la organización no gubernamental Poder marcharon y bloquearon los principales cruceros de esta ciudad.

Acusaron de incumplimiento de compromisos al gobierno federal –por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)– y al consorcio minero Grupo México, cuya filial, Buenavista del Cobre, en el municipio de Cananea, vertió en el río Sonora y su afluente, el Bacanuchi, 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas, en perjuicio de 22 mil lugareños.

Los inconformes se quejaron de que el fideicomiso de 2 mil millones de pesos quedó suspendido el pasado 7 de febrero por órdenes de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco. Con esos recursos supuestamente se resarcirían los daños causados por la contaminación del río, se brindaría atención médica a los afectados y se daría apoyo a las actividades económicas perjudicadas.

Después de que las comisiones Nacional del Agua y Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tomaron muestras de agua y determinaron que las concentraciones de metales pesados no rebasan los límites permitidos por la norma oficial mexicana, Grupo México ordenó concluir las labores de remediación en el río. Por ello, ya no se ejercieron 700 millones de pesos.

Los manifestantes, convocados por los comités de cuenca del río Sonora, señalaron que el encargado de manejar el fondo privado, Rodolfo Lacy Tamayo –también subsecretario de la Semarnat–, usó en forma arbitraria los recursos y reportó en el sitio destinado para transparentar el gasto que se han utilizado mil 300 millones de pesos en el cumplimiento de acuerdos.

Buscan omitir remediación

Benjamin Cokelet, director y fundador de la organización civil Poder, que asesora legalmente a los afectados por el derrame, señaló que Grupo México violó acuerdos legales, por no aplicar las medidas ni respetar los plazos. Aseguró que el daño causado por el derrame es más grande de lo que se creía.

Apuntó que el consorcio de Larrea Mota Velasco actúa en forma ilegal y arbitraria no sólo en México, sino también en Estados Unidos y Perú, entre otros países.

Los más de 300 inconformes rechazaron la propuesta que el diputado priísta Fermín Trujillo presentó en el Congreso local, para que la ribera del río Sonora sea declarada zona económica especial.

Dicha iniciativa ha sido expuesta tanto en la Legislatura como en sesiones de cabildo en Arizpe, Banámichi, Huepác, San Felipe, Ures, Aconchi y Baviácora, de manera discreta y con votaciones unánimes, sin reglamentación de por medio y sin precisar su función.

Durante la movilización, Óscar Encinas y Ramón Miranda, residentes de Ures y Aconchi, respectivamente, afirmaron que, debido a la opacidad de la ley, la aplicación de esta medida beneficiaría sólo a la industria minera y no a la población.

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