A 3 años del caso Ayotzinapa, el gobierno sigue sin conocer el paradero de los normalistas: CIDH
Por Redacción/Animal Político
En la tercera visita a México del Mecanismo de Seguimiento del asunto Ayotzinapa, de la CIDH, la delegación urgió al gobierno mexicano a aprobar la Ley General contra la Desaparición Forzada y a no descartar la línea de investigación del quinto autobús, que vincula el tráfico de drogas con la desaparición de los normalistas.
A menos de un mes de cumplirse 3 años de la desaparición de los 43 estudiantes, su situación y paradero continúan siendo desconocidos, de acuerdo con el Mecanismo de seguimiento del asunto Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una visita a México entre el pasado 28 y 30 de agosto.
Durante su tercera visita, realizada para supervisar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto del avance de la investigación, la delegación de la CIDH visitó la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos”, donde escucharon las denuncias de los padres de familia, quienes acusan falta de avances concretos en el caso.
La CIDH informó en un comunicado que la Procuraduría General de la República informó a la delegación que asignaron un equipo de más de 90 personas de forma exclusiva para esta investigación, por lo que “confía en que esta potencialidad se traduzca en resultados que acerquen a la verdad sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Según la Comisión, los trabajos que la PGR ha realizado en relación con la información telefónica de los estudiantes de Ayotzinapa dan “certeza de que los teléfonos y chips de los normalistas fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014”, lo que corrobora que hay pruebas suficientes para descartar que los aparatos de comunicación hayan sido quemados en el basurero de Cocula.
Además, valoró positivamente la continuidad en el empleo de la tecnología LIDAR para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, y llamó al gobierno de México a crear una base de datos de fosas en Guerrero que pueda ser replicada en todos los estados del país.
La CIDH señaló que la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes o dinero a Estados Unidos sigue siendo de suma importancia y debe profundizarse.