Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 22 de diciembre de 2016.
Está por terminar un año complicado para el país y en materia de libertad de expresión no ha sido la excepción, el número de periodistas asesinados incrementó respecto a años anteriores.
De acuerdo con información recaba por La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en 2016 se registraron 14 periodistas asesinados, cinco en Oaxaca, tres en Veracruz, uno en Chihuahua, uno en Guerrero, uno en Puebla, uno en Tabasco, una en Tamaulipas y uno en Michoacán.
Haciendo una revisión de las cifras, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a través de su Relatoría Especial para la libertad de expresión documentó el asesinato de 6 periodistas en 2014 y otros 6 en 2015, por lo que en este año el número de asesinatos aumentó en más de 100%. Siendo lo anterior un indicador más que demuestra la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país.
El pasado 13 de diciembre la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer su balance 2016, en el que estableció que México es el tercer país del mundo más mortífero para la prensa y el más letal en América latina.
A todo esto, las autoridades han quedado una vez más rebasadas, La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), quien es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones sigue sin funcionar. Motivos hay varios, pero el eje central es la dificultad para atraer los casos, por tanto, en la mejor de las situaciones realizan investigación paralela.
Buscando estadística en la página de la FEADLE sobre el número de casos que revisan, encontré que en 2015 dieron seguimiento a solo una investigación relacionada con homicidios a periodistas. Lo que deja claro la inactividad del Estado ante este grave problema.
Pero hay algo que no debemos olvidar, detrás de todos estos números en informes hay familias que han perdido un ser querido, situación que no debemos dejar que continúe. Como lo ha dicho Irina Bokova, directora general de la UNESCO, “La sociedad en su conjunto debe responsabilizarse de la seguridad de los periodistas, ya que todos dependemos de ellos para que exista un debate público informado. No puede permitirse que la violencia sea un freno al derecho humano fundamental a la libertad de expresión y la libertad de información”.
Partiendo de que este derecho es la piedra angular de la democracia, la seguridad de quienes nos mantiene informados es prioridad, los próximos años son de suma importancia y la labor de los periodistas es medular para que la ciudadanía pueda acceder a más derechos y por tanto mejore el funcionamiento del país.
Es deber de las autoridades prevenir e investigar las violaciones a los derechos fundamentales, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación integral del daño, por la libertad de expresión sumemos las voces.