Sistemas anticorrupción estatales, con participación ciudadana a medias y sin transparencia
Por Redacción/Animal Político
La instalación e implementación de los nuevos sistemas locales anticorrupción, se han realizado con muy poca transparencia, una participación ciudadana a medias y sin aprovechar el uso de las tecnologías, de acuerdo al análisis Parlamento Abierto, hecho por Fundar y otras organizaciones civiles, a 13 de los 32 estados.
Tras la promulgación de la Ley General Anticorrupción, los 32 congresos estatales tenían un año para aprobar sus propias reformas e instalaran, acompañados por la sociedad civil organizada, los organismos encargados de combatir la corrupción a nivel local.
El plazo venció este martes 18 de julio, y las entidades avanzaron a muy distinta velocidad, según el estudio realizado a través de SPAM (Supervisión de Parlamentos Abiertos en México), una herramienta digital que permite medir la experiencia concreta del trabajo en colaboración con el Senado, tanto en la elaboración y discusión de la Ley General de Transparencia como en el caso de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Chihuahua, por ejemplo, no aprobó la reforma constitucional, el primer requisito para los congresos locales, pero ya cuenta con una iniciativa; en el otro extremo se encuentra Querétaro, que reformó su constitución, cuenta con una ley estatal y ya nombró a su Comité de Participación Ciudadana (CPC).