Por Coralia Souza
@CoraliaSP
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 30 de marzo de 2017.
La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace más evidente la serie de dificultades que giran en torno de los megaproyectos en el país: el despojo de tierras, los inminentes daños ambientales y las irregularidades en los procesos y permisos.
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MÉXICO, D.F. Transportation/Transportes-Aeropuerto.- El pasado miércoles, se anunció la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se realizará sobre cuatro mil 430 hectáreas federales que se ubican en la zona contigua a la actual terminal aérea. Foto: Especial
A pesar de ser conflictos que nos afectan a todos, pareciera que las únicas personas interesadas en la defensa del medio ambiente y el territorio son los activistas o las comunidades campesinas e indígenas; quienes, además, en este país son asesinados y criminalizados.
El diverso grupo, dedicado a proteger, promover y defender el derecho humano a un ambiente sano se encuentra en una situación cada vez mas riesgosa y vulnerable. El informe anual del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) de 2016 señala que de junio del 2010 a julio de 2016 hubo 303 ataques registrados a defensores del medio ambiente, que incluyen hostigamientos, detenciones arbitrarias, amenazas y asesinatos.
Este problema socio-ambiental se ha intensificado a consecuencia de la creciente demanda de recursos naturales y las cada vez más comunes concesiones irregulares otorgadas por el gobierno a grandes empresas. La concesión de agua a la cervecera de Constellation Brands en detrimento de la ciudad de Mexicali; el despojo de comunidades en Atenco por la construcción del aeropuerto; el desalojo de comunidades huicholas en Nayarit por la construcción de presas; el megaproyecto hotelero y habitacional desproporcionado en Todos Santos, Baja California; y la gran cantidad de empresas dedicadas a la explotación de recursos mineros a lo largo de todo el país son la punta de un iceberg de violencia e intereses económicos que afectan gravemente al entorno natural, al tejido social y abonan a la injusticia y desigualdad.
No es de extrañar que los mismos individuos que facilitan la concesión de territorio y recursos a inversiones extranjeras, sean los que amedrentan a los grupos que manifiestan su desacuerdo. Según el informe del CEMDA, casi la mitad de las agresiones a defensores de derechos humanos relacionados con medio ambiente son cometidas por parte del estado; entonces tenemos procesos y gobiernos que despojan las tierras y violentan a quien reclama, quedando impune, además, el 98% de las veces según Michael Frost, relator especial de la situación de los Defensores de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ante este lamentable panorama, las comunidades, con el auxilio de los activistas ambientales, insisten en la defensa de aquello que les ha sido arrebatado. Sin embargo, la sociedad permanece indiferente, sin tomar conciencia del crecimiento inminente de esta devastación.
Nos hemos acostumbrado a actuar de manera egoísta y no darle importancia a situaciones que no nos afectan directamente, no obstante, tenemos que entender que la destrucción del país es una ola que va a ahogarnos a todos en algún punto; y tal vez entonces sí sea demasiado tarde.
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