Por Redacción/La Jornada
Las detenciones arbitrarias se han vuelto cotidianas en México, en gran medida porque los jueces siguen admitiéndolas para iniciar procesos legales, pese a haber indicios de su irregularidad, pero también porque las autoridades hacen un uso político del tema y se suman a la idea generalizada de que los acusados de cometer un ilícito no tienen ningún derecho.
Así lo afirmaron los autores del estudio “Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México”, elaborado por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), y presentado este jueves en el Museo de Memoria y Tolerancia.
Carlos Azueta, uno de los autores del informe, subrayó que para realizar un abordaje más profundo del tema, se decidió incluir no sólo los testimonios de las víctimas directas e indirectas de este fenómeno, sino también los de 25 operadores del sistema de justicia, quienes confirmaron que las detenciones injustificadas, la tortura y la “fabricación” de culpables son prácticas generalizadas.
Erika Guevara, titular de Amnistía Internacional para las Américas, subrayó que las detenciones injustificadas en México ocurren en todos los estados de la República y su propósito es extorsionar a las víctimas, torturarlos para que se autoincriminen en delitos que no cometieron, o para que las policías cumplan con “cuotas” de arrestos.
