Senado avala penas de hasta 60 años de prisión por desaparición forzada

Por Redacción/ Proceso

El Senado de la República aprobó una nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que establece penas de 40 a 60 años de prisión y de 10 a 20 mil días de multa a quienes incurran en este delito siendo policías, ministerios públicos o cuerpos militares, al tiempo que crea una Sistema Nacional de Búsqueda que tendrá como mandato la ejecución y seguimiento de las personas desaparecidas y no localizadas.

La nueva ley se aprobó por 90 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, en lo general, así como 81 votos a favor y nueve en contra, en lo particular, incluyendo reformas para utilizar los tiempos oficiales de radio y televisión para la difusión de la información sobre este tema.

El Sistema Nacional de Búsqueda tendrá una propia Comisión Nacional de Búsqueda, y estará integrado por los titulares de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, el titular de la PGR y tendrá un Consejo Ciudadano, como órgano de consulta, integrado por representantes de la sociedad civil y de las víctimas.

Otra característica fundamental de esta nueva ley es la investigación del delito de desaparición forzada a través de una Fiscalía Especializada, adscrita a la PGR, y a las procuradurías locales, a fin de tener autoridades especializadas. También se crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

A favor del dictamen, la senadora Angélica de la Peña, del PRD, argumentó que se configuró la búsqueda separada de la investigación, “pero siempre de manera integral, por ello, este precepto representa uno de los avances más característicos.

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, De la Peña afirmó que durante el proceso de discusión y dictaminación escucharon las historias de miles de familias que buscaron a sus seres queridos y el “viacrucis” por el que han atravesado para que las autoridades las tomen en cuenta.

Cristina Díaz, senadora del PRI y presidenta de la Comisión de Gobernación, indicó que la nueva ley cuenta con los requisitos mínimos de un mecanismo de búsqueda con participación de la sociedad y una estructura encuadrada en los órdenes de gobierno, así como un registro de personas y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La senadora Layda Sansores, del PT, fue pesimista y señaló que esta ley no es la que merecían las víctimas de la desaparición forzada. Consideró que “parece un documento para cumplir con las presiones internacionales”.

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