3% de las mujeres acusadas de delitos del fuero federal en México se encuentran en prisión por delitos relacionados con drogas.
El marco legal mexicano en materia de drogas es poco flexible y altamente punitivo, advierten especialistas.
Ciudad de México a 4 de marzo de 2016.- La organización civil “Equis, Justicia para las Mujeres” planteó la necesidad de implementar medidas alternativas a la prisión para las mujeres detenidas por asuntos relacionados con las drogas, la urgencia de revisar la proporcionalidad de las penas y crear protocolos policiales de detención y arresto en los que siempre se salvaguarde el interés superior de los hijos/as.
En el marco del conversatorio sobre “Propuestas de reformas legislativas y de políticas públicas para casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México”, en la Casa Lamm, en la Colonia Roma, se presentaron una serie de recomendaciones para “promover una nueva agenda en política de drogas que incluya la perspectiva de género, y que contribuyan a mejorar las actuales políticas existentes en la materia en el ámbito legislativo y del sistema de justicia del país”.
Durante el conversatorio, Equis Justicia para las Mujeres informó que para el año 2013, 2 mil 13 mujeres en el país estaban acusadas de delitos relacionados con drogas y en particular, que 53% de las mujeres acusadas de delitos del fuero federal se encuentran en prisión por delitos relacionados con drogas.
Estas mujeres ocupan los eslabones más bajos en la estructura del narcotráfico, y en su mayoría tienen escasos recursos, bajos niveles educativos, sin antecedentes penales y trabajadoras de la economía informal.
El organismo alertó sobre las graves consecuencias que el encarcelamiento y el abuso del derecho penal en los casos de delitos de drogas implican para ellas, especialmente cuando son las principales responsables económicas y cuidadores de su familia.
“Es importante que hablemos de ello en este momento por la inminente transición al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por el actual debate nacional sobre regulación de marihuana en su vertiente medicinal y/o lúdica, que cambiaría la situación penal de muchas personas encarceladas”, comentó la organización.
Puntualizaron que estas propuestas son una alternativa al marco legal mexicano en materia de drogas, que es poco flexible y altamente punitivo. Prueba de ello es la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, la prohibición del indulto, la falta de diferenciación de las penas de acuerdo con el rol desempeñado o con criterios de vulnerabilidad en la comisión del delito, entre otros.
Entre las recomendaciones por sectores, destacan:
Poder Legislativo: Aplicación de medidas alternativas a la prisión para mujeres acusadas por delitos de drogas y revisión de la proporcionalidad de las penas.
Instancias de Procuración de Justicia e Institutos de la Mujeres: Crear protocolos policiales de detención y arresto, siempre bajo el principio de salvaguardar el interés superior del niño/a y garantizar opciones para la custodia de sus hijos e hijas.
Impartidores de Justicia: Atender a las Reglas de Bangkok (lineamientos de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes); seguir el marco internacional de protección de los derechos humanos; aplicar el enfoque de género en las sentencias, así como fomentar el uso de las medidas alternativas adecuadas a cada caso.
Autoridades Penitenciarias: Adherirse a las Reglas de Bangkok, capacitación al personal penitenciario, operativo y administrativo; tomar en cuenta los intereses y necesidades de las internas.
Al evento asistieron: Roberto Gil Zuarth, Presidente del Senado; Elena Azaola Garrido, Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, (CIESAS); Rafael Estrada Michel, Director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); Ana Pecova, Directora de EQUIS, Justicia para las Mujeres; Lilia Mónica López Benítez, Magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; Mariana Benítez Tiburcio, Diputada Federal LXIII Legislatura; Corina Giacomello, Investigadora del INACIPE y colaboradora de EQUIS, Justicia para las Mujeres.
