Mecanismo “protege” a periodistas y activistas con botones de pánico inservibles y teléfonos donde nadie contesta
Cencos
Publicado 29 julio, 2015
Foto: Pedro Canché, periodista que estuvo preso en Quintana Roo
Cinco estados, liderados por DF y Veracruz, agrupan la mitad de los casos de activistas y periodistas que piden protección. En dos años 32 activistas ejecutados,
según diagnóstico.
JULIO 29, 2015 Arturo Angel (@arturoangel20)
Botones de pánico sin señal, teléfonos emergencia que nadie contesta, patrullajes que no se hacen, cámaras que tardan meses en ser instaladas, nulo seguimiento
de las investigaciones… así “funciona” el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.
Las fallas de este programa, creado en junio del 2012 para – en teoría – proteger a periodistas y activistas que por su labor pudieran estar en riesgo,
fueron desnudadas por medio centenar de organizaciones civiles e internacionales que realizaron un diagnóstico sobre su operación.
La conclusión, es que el mecanismo hoy en día Incompleto, opaco y muchas veces inútil.
El resultado es que en la práctica en los últimos tres años nada ha cambiado. Para muestra un dato dramático: según las organizaciones, de junio de
2012 a mayo del 2014 se registraron 32 defensores de derechos humanos fueron ejecutados extrajudicialmente en México.
Aunque esos hechos no necesariamente corresponden a personas protegidas por el mecanismo, el seguimiento de 59 casos en los que si se solicitó la protección,
arroja que existen fallas en el mismo que no contribuyen ni a resguardar a la personas ni a visibilizar el problema para generar una mejor política
pública.
A lo anterior se suman deficiencias que atañen a la propia administración del Mecanismo como la falta de rendición de cuentas sobre los casos, de personal
capacitado y de áreas que de hecho no se han creado.
“Hay ausencia de respaldo político, financiero y de recursos humanos al Mecanismo, falta de reconocimiento de la labor de las personas defensoras y
periodistas que se protegen, descoordinación y falta de voluntad de las autoridades competentes, limitaciones en las investigaciones y desinterés
en activar las herramientas para prevenir los abuso” señala el documento.
