La decisión judicial es inapelable, por lo que PGR está obligada a cumplir la sentencia. Están pendientes las reparaciones de las mujeres indígenas ñhäñhús Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio
Ciudad de México, 24 de mayo 2016.- Después de casi 10 años de que Jacinta Francisco Marcial fuera condenada injustamente en prisión por un delito que no cometió, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe reparar el daño.
Cabe recordar que Jacinta Francisco permaneció más de tres años privada ilegalmente de su libertad, de agosto de 2006 a septiembre de 2009, acusada por el presunto secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro. La indígena fue liberada tras la decisión de la PGR de no presentar conclusiones acusatorias en su contra, sin embargo, ésta misma instancia se negó a reconocer su inocencia.
Amnistía Internacional nombró presa de conciencia a Jacinta Francisco Marcial el 18 de agosto de 2009, pues había sido condenada injustamente a 21 años de prisión. La organización manifestó que a Jacinta se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.
A una década, la justicia administrativa le ordena a la PGR la realización de una disculpa pública por haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente por el delito de secuestro que no cometió, ya que una indemnización no resarcía por sí sola el daño ocasionado.
La sentencia emitida por el Tribunal Colegiado abre paso formalmente a las víctimas de la actuación irregular de Ministerios Públicos Federales por la via de responsabilidad administrativa al reconocer la obligación de resarcir los daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, incluyendo el daño moral ocasionado en su reputación, vida privada y dignidad al haberse hecho de forma pública ante los medios de comunicación la supuesta responsabilidad de los delitos. De esta manera, en casos similares se puedan demandar a la PGR la reparación integral por violar sus derechos humanos.
Esta decisión judicial es inapelable por lo que la PGR está jurídicamente obligada a cumplir lo ordenado. En ese sentido, exhortamos a qué través de las instancias competentes, gire las instrucciones necesarias para que una vez que reciba la notificación oficial de la sentencia proceda a cumplirla.
Finalmente, es importante recordar que aún están pendientes de resolución los casos de las mujeres indígenas ñhäñhús Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio; también encarceladas injustamente por los mismos hechos, por lo que confiamos que tal como sucedió en el caso de la señora Jacinta Francisco, el Poder Judicial de la Federación, confirme la decisión previa y ordene a la PGR la reparación integral del daño incluyendo garantías de satisfacción como el ofrecimiento de disculpas públicas.
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