Esta investigación de Aristegui Noticias, realizada como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalists (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas, exhibe el papel de las autoridades estatales y federales antes, durante y después del ataque a un grupo de defensores de derechos humanos, en un estado que arrastraba las consecuencias de una insurrección social de maestros que pedían la renuncia del gobernador de Oaxaca.
La administración del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, permitió que operaran con plena libertad los atacantes que emboscaron a una caravana de ayuda humanitaria que se dirigía a la región indígena Triqui, y de la que resultaron muertos dos defensores de derechos humanos, la mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola.
El día del crimen, el 27 de abril de 2010, tres comandantes de la Policía Estatal estaban en posibilidades de auxiliar a la caravana atacada, uno de ellos recibió la orden de regresar a su comandancia cuando ya estaba en camino y los otros dos no llegaron sino hasta un día después del crimen, aunque ya sabían que había personas lesionadas, según el expediente de investigación del caso.
A seis años de los homicidios, de los 13 acusados sólo cuatro están detenidos, el más reciente, fue capturado en abril de 2016. A pesar de la presión de los familiares de las víctimas, del gobierno de Finlandia y de eurodiputados, el juicio ni siquiera ha comenzado.
El centro ceremonial Triqui de San Juan Copala pertenece al municipio de Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca. Desde 2014 su agente municipal es Antonio Cruz Merino, hijo de Antonio Cruz Martínez, apodado “Pájaro”, ambos están acusados y tienen orden de aprehensión por los asesinatos. Padre e hijo siguen libres.
