EL PARTO ES UN MOMENTO VIOLENTO PARA LAS MUJERES EN MÉXICO
Por primera vez, mujeres que sufrieron violencia durante el embarazo o el parto y familias con una muerte materna se reúnen
en un Tribunal Simbólico.
Seis expertas internacionales en derechos humanos forman un jurado que escucha a mujeres víctimas y madres, tías, hermanas, abuelas, primas y viudos de quienes no sobrevivieron.
Secretaría de salud federal, secretarías de salud estatales, IMSS e ISSSTE son los señalados. El jurado dirige una serie de recomendaciones a estas instituciones.
El crimen y la muerte se han trivializado. A diario las noticias anuncian desaparecidos, asesinados, por ello la violencia que sucede en los hospitales se torna silenciosa. La cobertura de noticias es poca o nula para los recién nacidos y las mujeres parturientas que mueren. Para muchas el embarazo y parto se convierte en una agonía y los hospitales son sus tumbas. Hoy, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reunió a 27 víctimas de violencia obstétrica o muerte materna de diferentes regiones del país para que fueran escuchadas por un jurado de expertas internacionales, quienes emitieron recomendaciones a los tres poderes del Estado para que estas tragedias no sucedan más.
“Generalmente todo esto sucede entre humillaciones, gritos e insultos durante un momento muy vulnerable para las mujeres (física y psicológicamente). Estamos cansadas de que no se haga nada para que las mujeres y las familias accedan a la justicia, por eso convocamos a la realización de este tribunal”, explicó Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Personas de la Ciudad de México, Chiapas (5), Durango (3), Guanajuato (2), Hidalgo (2), Oaxaca (3), Quintana Roo (3), Sinaloa (3), Yucatán (1) y Zacatecas (2) hablaron frente a un jurado compuesto por expertas internacionales con reconocida experiencia y trayectoria en salud reproductiva.
“Es necesario que el gobierno reconozca que las mujeres viven violencia obstétrica e institucional en los hospitales públicos del país, que antes de pensar en la universalización de los servicios, no se le mueran las mujeres o los recién nacidos; y que en los casos en que pretende hacer justicia, que son mínimos, lo haga de forma inmediata”, agregó Tamés.
En los 17 casos de violencia obstétrica y diez de muerte materna expuestos, el parto es el momento en que más se violaron los derechos humanos de las mujeres, después el posparto y el embarazo.
Como consecuencia de la violencia obstétrica, tan sólo considerando estos 27 casos presentados, hubo 10 muertes fetales y cinco neonatales; y 24 niños y niñas quedaron huérfanos por las omisiones cometidas mayoritariamente en unidades de salud y hospitales de la Secretaría de Salud federal y las estatales, seguidos por las del IMSS y el ISSSTE.
En todos los casos donde la mujer o su familia son de origen indígena, hubo discriminación por esa razón.
“Los testimonios demuestran que las muertes maternas y la violencia obstétrica sí son violaciones a los derechos humanos, porque no es sólo responsabilidad de los médicos, sino del Estado en la formación de los médicos con falta de empatía”, consideró Alda Facio, del Grupo de trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica.
“El Estado mexicano ha incluido en su Constitución a los Derechos Humanos, lo que incluye el derecho a la salud y la vida de las mujeres”, dijo Catalina Martínez, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
La memoria de este encuentro, así como las recomendaciones del jurado se presentarán oficialmente a las autoridades involucradas este mismo año, entre las que se incluirá, al menos, que haya sanciones administrativas para el personal de salud que cometa violencia obstétrica y que haya supervisión permanente de los centros de salud donde sucede.
“Nunca un violador de derechos humanos debe ser promovido como defensor del pueblo; tampoco alguien que comete violencia obstétrica puede ser ascendido”, enfatizó Julissa Mantilla, profesora de la Maestría de Derechos Humanos y de la de Género de la Pontificia Universidad Católica de Perú.
“La crisis de derechos humanos que vive México se ha extendido a los hospitales, son historias recurrentes que nadie debe acostumbrarse a escuchar, porque todas estas situaciones serían prevenibles si hubiera una voluntad política real del Estado a mejorar la calidad de vida de las mujeres”, finalizó Tamés.
Para mayor información, comunicarse con Georgina Montalvo [email protected] o 5658 6684 Ext. 253.
